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El acoso comercial telefónico en España parece no tener freno. A pesar de los recientes esfuerzos legislativos, el 98 % de los consumidores afirma que sigue recibiendo comunicaciones comerciales no solicitadas de forma habitual. Este dato demoledor procede de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a una muestra representativa de la población de entre 25 y 94 años. El estudio evidencia que la entrada en vigor, el pasado 28 de diciembre, de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) no ha logrado mitigar este problema a corto plazo. De hecho, el porcentaje de usuarios que sufre más de diez llamadas de spam al mes ha aumentado drásticamente del 37 % al 58 % en apenas un año.
El impacto de la Ley SAC y la llegada del prefijo 400
Tras advertir de que todavía "habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación" de 12 meses para confirmar el alcance real de la nueva normativa, la organización ha urgido a reaccionar. Por ello, ha solicitado a las empresas que comercializan servicios básicos que empiecen a utilizar de forma voluntaria los prefijos 400 en sus comunicaciones. Esta norma será completamente obligatoria a partir del próximo mes de octubre. Según la OCU, la medida al menos permitirá a los ciudadanos distinguir estas llamadas de spam del resto de contactos legítimos, facilitando la opción de rechazarlas de forma proactiva. En paralelo, la asociación ha emplazado a la Administración a implementar un registro público de identificación para rastrear la procedencia de estas llamadas de spam y denunciar posibles abusos.
Herramientas y estrategias de los usuarios contra las llamadas de spam
Ante la persistencia de estas malas prácticas comerciales, los ciudadanos se han visto obligados a desarrollar distintas pautas de defensa en su día a día. El informe destaca que el 70 % de los encuestados opta por bloquear el número de teléfono tras comprobar el contenido publicitario de la comunicación. Por otro lado, un 43 % de los usuarios prefiere no coger la llamada si proviene de un número sospechoso o desconocido. Las soluciones tecnológicas automáticas también ganan terreno en los terminales modernos: un 45 % de la población confía en que el propio dispositivo móvil detecte las posibles llamadas de spam. Finalmente, un 18 % de los afectados recurre a la inscripción en la Lista Robinson de exclusión publicitaria para proteger su privacidad.
Cambios drásticos en la contratación telefónica de energía
Una de las medidas más contundentes para proteger al consumidor entrará en vigor el próximo 12 de junio. A partir de esa fecha, quedará totalmente prohibida la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo que exista una petición previa del usuario o la llamada haya sido iniciada por él mismo. La OCU espera que esta estricta condición se extienda pronto al suministro de gas. La organización recuerda que cualquier contrato originado mediante llamadas de spam no consentidas se considera totalmente no válido. En estos casos de abuso flagrante, se anima a los afectados a reclamar por escrito a la compañía, identificando con precisión las fechas, las horas y el tipo de acoso sufrido.
Inspecciones urgentes a los sectores más denunciados
En este complejo contexto, la OCU ha exigido que se garantice cuanto antes el derecho del consumidor a identificar de forma sencilla a la empresa responsable. Esta transparencia es indispensable para ejercer fácilmente los derechos de protección de datos y frenar permanentemente las llamadas de spam. Para lograrlo, la asociación ha insistido ante las autoridades competentes sobre la necesidad de llevar a cabo controles e inspecciones rigurosas. Estas acciones de supervisión deben centrarse en los sectores más denunciados por la ciudadanía, que son energía, telecomunicaciones y finanzas, vigilando especialmente la actividad de los call centers que trabajan para estas grandes compañías.
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