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El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de Ley contra la Violencia Vicaria, una norma con la que el Gobierno pretende reforzar la protección de las víctimas y de los menores afectados por este tipo de violencia. El texto inicia ahora su recorrido parlamentario e incorpora importantes modificaciones tanto en el ámbito penal como en el civil, además de cambios en distintas leyes ya vigentes.
Entre las principales novedades destaca la suspensión automática de la patria potestad para quienes sean condenados mediante sentencia firme por delitos graves de violencia de género o por delitos graves cometidos contra sus propios hijos. Asimismo, la futura norma introduce limitaciones a la custodia compartida, amplía la protección de las personas consideradas víctimas indirectas y refuerza la participación de los menores en los procedimientos judiciales que les afecten.
La violencia vicaria pasa a ser un agravante de violencia de género
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el texto definitivo abandona la idea inicial de crear un delito específico para este tipo de violencia.
En su lugar, el Gobierno ha optado por incluir esta conducta como una circunstancia agravante dentro del artículo 22 del Código Penal, al considerarla una manifestación de la violencia de género. De esta forma, cuando un delito se cometa contra los hijos o contra otras personas del entorno de la mujer con el propósito de causarle daño, las penas podrán imponerse en su mitad superior.
Según señaló la ministra, esta decisión busca evitar cualquier interpretación jurídica que cuestione la naturaleza de la violencia vicaria, dejando claro que se trata de una expresión más de la violencia machista.
Uno de los aspectos más relevantes de la futura ley afecta al ámbito civil. El anteproyecto establece que la patria potestad quedará suspendida de manera automática cuando exista una sentencia firme por un delito grave de violencia de género o de violencia ejercida contra los hijos.
La medida supone que la resolución dictada por la jurisdicción penal tendrá efectos inmediatos en la jurisdicción civil, sin necesidad de iniciar un procedimiento independiente para adoptar esta decisión.
No obstante, este automatismo únicamente será aplicable cuando exista una condena firme. La recuperación de la patria potestad solo podrá producirse una vez que desaparezcan completamente los antecedentes penales derivados de la condena.
Se amplía la definición de las personas protegidas
La norma mantiene el concepto de violencia vicaria como aquella ejercida sobre terceras personas con el objetivo de causar un daño emocional a una mujer por parte de su pareja o expareja.
Sin embargo, el texto amplía y concreta quiénes pueden ser consideradas esas personas interpuestas. Además de los hijos menores, se incluyen las personas mayores con discapacidad, los descendientes y ascendientes de la víctima, los hermanos y aquellas personas que convivan con ella.
Por el momento, las mascotas no aparecen recogidas dentro de este grupo protegido. No obstante, fuentes del Ministerio de Igualdad expresaron su confianza en que esta posibilidad pueda incorporarse durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
El anteproyecto también introduce modificaciones relevantes en materia de guarda y custodia de menores.
Entre ellas, establece que no podrá acordarse la custodia compartida cuando esta pueda resultar perjudicial para el bienestar físico, psicológico o emocional de los hijos. El objetivo es reforzar la protección de los menores en aquellos procedimientos en los que existan situaciones relacionadas con la violencia de género o la violencia vicaria.
Esta previsión pretende priorizar el interés superior del menor en cualquier decisión judicial relacionada con la organización familiar tras una separación o divorcio.
La ley refuerza el derecho de los menores víctimas de violencia vicaria a ser escuchados
Otra de las novedades consiste en consolidar la participación de los menores en los procedimientos judiciales que les afecten.
El texto establece la obligación de escuchar su opinión en asuntos como la guarda y custodia, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo impidan.
En esos supuestos, la ley prevé que los menores puedan ser representados por sus representantes legales, siempre que no exista conflicto de intereses, y que la intervención se realice con la presencia de especialistas.
Aunque este derecho ya aparece recogido en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), el Gobierno pretende reforzar su aplicación práctica para evitar situaciones como las vividas en casos de gran repercusión mediática, entre ellos el del hijo menor de Juana Rivas.
Cambios en el régimen de visitas y mayor rapidez en los procedimientos
El anteproyecto modifica también el artículo 94 del Código Civil con el fin de endurecer los criterios para establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia cuando uno de los progenitores esté inmerso en un procedimiento penal por violencia doméstica o violencia de género y existan indicios racionales de estos delitos.
Esta modificación responde a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de madres y de víctimas de violencia vicaria, que sostienen que quien ejerce violencia contra la madre no puede ejercer adecuadamente sus funciones parentales.
Además, la norma contempla la creación de procedimientos civiles más ágiles mediante la incorporación de juicios verbales, lo que permitirá coordinar mejor los procesos civiles con los procedimientos penales cuando ambos estén relacionados.
Prohibición de difundir contenidos relacionados con determinados delitos
El proyecto mantiene igualmente una nueva pena accesoria ya prevista en la primera versión aprobada el pasado mes de septiembre.
Gracias a esta medida, los jueces podrán prohibir la publicación o difusión de mensajes, imágenes, textos u otros contenidos relacionados con determinados delitos cuando ello resulte necesario.
La iniciativa busca impedir situaciones similares a la generada por la publicación del libro El odio, centrado en el caso del condenado José Bretón.
Entre las actuaciones destinadas se encuentra la mejora de la respuesta institucional frente a este tipo de violencia. Figura la formación específica y obligatoria para todos los profesionales de la Justicia que intervengan en este tipo de procedimientos. Los contenidos relacionados con la violencia vicaria pasarán a formar parte de los procesos de acceso y promoción dentro de la carrera judicial.
La futura ley también mantiene campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la sociedad para incrementar el conocimiento sobre esta forma de violencia.
En materia de reparación, el anteproyecto modifica la Ley del Registro Civil para facilitar el cambio de apellidos de las víctimas supervivientes o fallecidas, evitando así situaciones de revictimización o la permanencia del vínculo con el agresor.
Asimismo, introduce cambios en la Ley General de la Seguridad Social para impedir que los condenados puedan beneficiarse económicamente de la situación de la víctima, como ocurriría en el caso de una pensión derivada de su fallecimiento.
Una reforma que modifica diez leyes
La futura Ley contra la Violencia Vicaria introduce cambios en una decena de normas ya vigentes, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley del Registro Civil y la Ley General de la Seguridad Social.
Durante la presentación del anteproyecto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió que la iniciativa da cumplimiento a diversas medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, sostuvo que España continúa situándose entre los países con un marco legislativo más avanzado en esta materia y afirmó que la nueva norma pretende ofrecer una protección integral y coordinada para todas las víctimas.
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