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El Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón ha anunciado una reforma de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios para que quede expresamente prohibido el uso de las líneas 902 y 901 para servicios de atención al cliente.
Una ley prohibirá usar los teléfonos 902 y 901 para atención al cliente
La modificación legal para prohibir que las empresas utilicen para sus servicios de atención al cliente los números de tarificación adicional afecta fundamentalmente a los teléfonos que comienzan por 901 y 902, que tienen un coste mucho más alto que las llamadas convencionales.
Fuentes del Ministerio de Consumo señalan que la reforma legal que prepara el Ministerio afectará a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios garantizará que las reclamaciones e incidencias no estén condicionadas por los recursos económicos del consumidor.
Este anuncio está relacionado con una de las primeras reivindiaciones que se le hizo al nuevo ministro a través de la organización FACUA-Consumidores en Acción.
Los teléfonos 902 o 901 son de un altísimo coste
"Estamos contentos, esperamos que el conjunto de fuerzas políticas asuman que hace falta que la ley sea muy clara, para que los teléfonos 902 o 901, que son de altísimo coste, dejen de usarse para atención al cliente. De hecho esto ya está prohibido, pero hay adminstraciones autonómicas que dicen que no tienen clara la prohibición", ha señalado Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
"Ya hay sentencias que dicen que una llamada al servicio de atención al cliente no puede ser más cara que una llamada a una línea con una tarifa básica. Pese a eso el Ministerio de Consumo ha entendido que lo mejor es clarificar aún más la norma, y dejar muy masticado que está totalmente prohibido usar estas líneas", ha defendido Sánchez.
Desde Facua se ha denunciado a más de un centenar de empresas por el uso de estas líneas 902 o 901. "Ninguna aseguradora, ni centro comercial, ni compañía de viajes, ha de decirnos que llamemos a un 902 para contarnos algo sobre un producto que hemos comprado, o para hacer una reclamación. Hay empresas que se están lucrando con estas llamadas", ha reiterado el portavoz de la organización de consumidores.
La ley ya se mostraba a favor del consumidor
La ley ya obliga a las empresas a ofrecer un número de atención al cliente que no tenga un coste superior al de la tarifa telefónica básica, que se define como "el coste ordinario de la llamada". Pero algunas compañías aprovechan resquicios legales para utilizar estos números de tarificación adicional.
Además, en 2017 el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que "el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar".
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio de una llamada de cinco minutos a uno de estos números desde un fijo de una de las principales operadoras es de aproximadamente 0,56 euros, mientras desde un móvil asciende a 2,82 euros.
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