Los países de la UE desconfían del fin de la unanimidad en política fiscal

Bruselas, 12 feb (EFECOM).- La mayoría de Estados miembros de la Unión Europea (UE) manifestaron hoy su desconfianza e, incluso, su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea (CE), que aboga por poner fin a la regla que exige la unanimidad de los países para aprobar la legislación sobre fiscalidad.

"Hubo una serie de ministros que, en efecto, plantearon preocupaciones o se opusieron a la idea", comentó, sobre la propuesta de pasar a la mayoría cualificada en la política fiscal, el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho, celebrada este martes en Bruselas.

Añadió, sin embargo, que hay "necesidad" de seguir con el debate sobre la iniciativa porque, "en muchos asuntos de fiscalidad, somos incapaces de realizar progresos, pese a que los necesitamos a nivel europeo".

El Ejecutivo comunitario presentó en enero la propuesta para avanzar hacia la toma de decisiones por mayoría cualificada en política fiscal, que ahora necesita la unanimidad de los 28 países de la Unión Europea y puede quedar bloqueada con el veto de un solo Estado.

La Comisión propone avanzar por fases, de modo que en la primera se introduzca la mayoría cualificada solo en las propuestas relativas a la cooperación entre Estados en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En la segunda, se adoptaría para aquellas iniciativas en las que la política tributaria contribuya a otros objetivos europeos, en particular, clima y energía, mientras que en la tercera se utilizaría para modernizar algunas de las reglas que ya están armonizadas al nivel de la UE, como las del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

En la cuarta etapa se introduciría para grandes proyectos en materia fiscal.

La mayoría cualificada permitiría sacar adelante las propuestas con el apoyo de 16 de los 28 Estados de la UE que representen al menos al 65 % de la población.

A su llegada a la reunión, el secretario de Estado holandés de Finanzas, Menno Snel, reconoció que su país no es partidario de la medida y la ministra sueca del ramo, Magdalena Andersson, tampoco la apoyó, y declaró que esperaba "mucho escepticismo" entre los Estados.

El titular de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna, también consideró "extremadamente importante" conservar la unanimidad, mientras que sus homólogos maltés, Edward Scicluna, y lituano, Vilius Sapoka, manifestaron su oposición a pasar a la mayoría cualificada.

Sin embargo, las dos principales economías de la eurozona, Francia y Alemania, sí apoyaron la iniciativa y el ministro galo, Bruno Le Maire, dijo compartir "la visión" de la Comisión.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su apoyo al fin de la unanimidad en materia fiscal durante su intervención en enero ante el pleno de la Eurocámara.

Por otro lado, los ministros alcanzaron hoy un acuerdo sobre la revisión de las agencias de supervisión del sistema financiero, que dará más poder a estos organismos, en particular, para luchar contra el blanqueo.

La CE presentó en septiembre de 2017 su propuesta para reformar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA), creadas en 2010 al calor de la crisis para vigilar a los bancos, fondos de inversión o aseguradoras de la UE.

El acuerdo alcanzado por los Estados prevé dar más poder a la ESMA, que asumirá la vigilancia directa de ciertos "índices críticos", así como de los proveedores de información consolidada, servicios que ofrecen datos del comercio con acciones y otros instrumentos financieros.

Asimismo, se compromete a reforzar la cooperación entre las agencias europeas y los reguladores nacionales, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

En materia de blanqueo, prevé reforzar los poderes de la EBA de modo que pueda dirigir decisiones directamente a bancos individuales, siempre como último recurso y en caso de que las autoridades nacionales no actúen.

La Autoridad evaluará también las estrategias de los supervisores nacionales frente a los riesgos de blanqueo, desarrollará estándares comunes de supervisión y facilitará la cooperación con terceros países en casos transfronterizos.

El vicepresidente comunitario admitió que la posición de los países es "menos ambiciosa" que la planteada inicialmente por la Comisión Europea.

No obstante, consideró importante avanzar en la propuesta porque aborda los problemas de "arbitrariedad en la supervisión" financiera por parte de los países, algo que preocupa ante el "brexit" o la salida de Reino Unido de la UE.

El pacto fija la posición de los países para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que empezarán este jueves con el fin de lograr un acuerdo antes de la disolución de la Eurocámara en abril.