Los partidos empiezan a negociar la cuantía e implantación de la Renta Mínima

Madrid, 13 abr (EFE).- Los partidos políticos empezarán a negociar los detalles de la Renta Mínima que aprobó el Pleno del Congreso en febrero de 2017 y que establece un importe de 426 euros mensuales para desempleados sin recursos, al tiempo que analizarán su compatibilidad con otras rentas autonómicas parecidas.

La ponencia que estudia la proposición de Ley de ingresos mínimos procedente de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos ha quedado constituida en la Comisión de Empleo y comenzará sus trabajos la última semana de abril.

De momento, la proposición de Ley ha recibido cerca de 52 enmiendas parciales y mientras el PP propone un fondo estatal de rentas mínimas que no sea compatible con las actuales autonómicas, Ciudadanos aboga por una "prestación de activación para el empleo", que sustituya tanto al actual subsidio por desempleo como a otras prestaciones derivadas de otros programas.

PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT mantienen la fórmula inicial que propugnan CCOO y UGT pero difieren en cómo establecer la cuantía, ya que mientras los socialistas y los nacionalistas catalanes fijan como indicador el 80 % del Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), Unidos Podemos señala el 88 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

No obstante, todas las formaciones están de acuerdo en que dicha prestación debe ir ligada a la búsqueda activa de empleo.

Entre las once enmiendas que ha presentado el PSOE destaca la que aboga por la compatibilidad de esta prestación con otras rentas mínimas autonómicas y pide que se cree una ventanilla única.

También solicita que se incremente la cuantía en función de los hijos y los ingresos de los hogares, para que aumente en 150 euros al mes por hijo para rentas por debajo de 7.100 euros y en 100 euros para las que estén entre 7.100 y 11.500 euros mensual.

Unidos Podemos, que ha registrado cerca de 28 enmiendas, exige que la renta mínima no esté condicionada a las disponibilidades presupuestarias e insta a que sea compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social o de servicios sociales autonómicos o locales, así como con la actividad por cuenta propia o ajena.

La formación "morada" también aboga por que sea una prestación intransferible e inembargable, e incluye un complemento adicional equivalente al 10 % del SMI por hijos a cargo.

Establece como beneficiarios a los mayores de dieciséis años que se encuentren emancipados y pide que el Estado garantice una cuenta bancaria básica gratuita en el caso en el que el solicitante no disponga de ella.

Por su parte, el PP aboga por crear un fondo estatal de rentas mínimas con aportaciones del Estado y de las comunidades y con una cuantía que sería del 80 % del IPREM vigente en cada momento, a la que se sumaría un 70 % más por número de hijos.

Los beneficiarios serían mayores de 26 años y menores de 65 años y excepcionalmente se ampliaría a los mayores de 18.

La prestación tendría una duración máxima de seis meses, prorrogables a otros seis, aunque el PP insiste en que se debería crear un grupo de trabajo para clarificar todas las prestaciones existentes en España.

El PDeCAT también incide en que la cuantía de la prestación de ingresos mínimos sea igual al 80 % del IPREM y que los Presupuestos establezcan un complemento adicional según los hijos, al tiempo que aboga por que la gestión sea autonómica.

En este sentido, el PNV, que sólo ha presentado una enmienda, señala que hay que plantear la complementariedad de las prestaciones reguladas en las autonomías con esta nueva prestación de ingresos mínimos.

Ciudadanos, que ha presentado 7 enmiendas, prefiere una "prestación de activación para el empleo", que sustituiría al subsidio por desempleo y a otras prestaciones como las del Programa de Activación para el Empleo (PAE) o el PREPARA.

Reclama que la cuantía no sea fija, sino que se determine con una fórmula basada en la diferencia entre la cuantía del umbral de ingresos mínimos garantizados por la prestación (que depende del número de miembros que integren la unidad de convivencia de la que forme parte el solicitante o beneficiario) y la cuantía de la suma de los ingresos totales del solicitante o beneficiario.

Ciudadanos también pide que haya infracciones y sanciones y puntualiza que serán beneficiarios los menores de edad emancipados y las personas con 16 o más años que se encuentren en situación de orfandad absoluta, entre otros requisitos.

Para la formación naranja sería una prestación de un año, renovable anualmente.