Los tripulantes de cabina demandan a Ryanair por vulnerar el derecho a huelga

Madrid, 3 dic (EFE).- Los sindicatos USO y Sitcpla han presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra Ryanair por vulneración del derecho de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) en las dos jornadas de paros convocadas en julio y una en septiembre pasados.

Esta demanda de tutela de derechos fundamentales y libertad sindical de los TCP de Rayanir también se ha presentado contra las agencias Crewlink y Workforce, que suministran a la aerolínea el 75 % de los tripulantes que operan sus vuelos, según fuentes sindicales.

USO y Sitcpla han solicitado que la Audiencia Nacional condene a Ryanair, Crewlink y Workforce, a una indemnización de 75.000 euros a cada uno de ellos, así como a la devolución a los trabajadores que secundaron alguna de las convocatorias de huelga del importe indebidamente descontado correspondiente al concepto "bonus de productividad", que asciende a 150 euros mensuales.

Este bonus correspondiente al mes de julio les fue descontado íntegramente a los trabajadores que secundaron total o parcialmente la huelga y no de forma proporcional a los días de su convocatoria.

USO y Sitcpla denuncian en la demanda que, durante las tres jornadas de movilizaciones convocadas por los sindicatos, tanto la compañía irlandesa como sus agencias de colocación "vulneraron y coartaron el derecho a huelga de los TCP que prestan sus servicios en España" mediante el envío de cuestionarios a los trabajadora para saber si iban a secundar o no el paro.

También realizaron "campañas de desprestigio" hacia los sindicatos o grabaciones a los TCP que libremente decidieron secundar la huelga y manifestarse pacíficamente a las puertas de los aeropuertos.

Además, los sindicatos denuncian que no comunicaron al comité de huelga el listado de vuelos protegidos, impusieron guardias e imaginarias en número excesivo, no designaron vuelos de mínimos a los TCP y obligaron a hacer venta a bordo, en contra de la resolución de mínimos del Ministerio de Fomento.

Todo ello con amenazas con acciones disciplinarias, incluido el despido, o represalias económicas en forma de descontar íntegramente el citado bonus de productividad.

En el texto de la demanda, se hace referencia a la reciente resolución de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se constata la obstrucción a la labor inspectora, la vulneración del ejercicio del derecho de huelga y la transgresión de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.