El Manifiesto de la baja visión y déficit visual grave recoge el malestar por el recorte de IRPF

Los colectivos que trabajan en España por la baja visión y la deficiencia visual grave se unen para instar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a reconsiderar la decisión de recortar el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, en el momento en que el país y la sociedad española más necesitan a las redes solidarias como consecuencia de la pandemia.

Tras la notificación por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social, (vía principal de financiación de las organizaciones sociales altruistas de ámbito estatal) y de no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales.

En este sentido, el presidente del Observatorio Estatal de Enfermedades Raras Oculares (ONERO), José Joaquín Gil, señala al respecto que, “queremos dejar constancia de nuestra honda preocupación en que siga adelante una decisión que perjudicaría enormemente a un sector tan vulnerable como es el de la discapacidad. Reivindicamos un derecho que nos asiste y que repercute directamente en favor de nuestro colectivo. En consecuencia, la reducción de financiación pública destinada a ONG estatales limita y pone en evidente riesgo que pacientes con enfermedades oculares poco frecuentes, tengan y dispongan de la debida atención, que adicionalmente ya se ha visto muy perjudicada desde los primeros momentos de la pandemia por COVID-19”.

Indica Gil que, “ahora más que nunca debemos estar unidos y cohesionados con el fin de hacer llegar nuestra voz clara y firme contra esta situación”.

“Más de 1 millón de personas que conviven con baja visión y/o ceguera en España necesitan que se les tenga en cuenta en unos momentos donde las administraciones públicas no ofrecen soluciones de apoyo psicosocial y rehabilitación visual solamente realizados por las asociaciones de pacientes muy necesitadas de financiación”, según explica Andrés Mayor Lorenzo Presidente de la Asociación Visión España.

Por su parte, desde la Federación Española de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina (FARPE) y su Fundación Lucha Contra la Ceguera (FUNDALUCE), como Entidades de ámbito nacional, muestran su adhesión a este Manifiesto.

Almudena Amaya presidenta de FARPE, señala que: “Nuestras ONGs no pueden verse mermadas por esta medida, ya que dotan a las personas con discapacidad, integrantes de dichas Organizaciones, de servicios e intervenciones que mejoran su  calidad de vida en ámbitos como: laboral, integración social, legal etc”.

“Nuestro sector siempre es el más vulnerable, en tiempos de bonanza somos los últimos y en momentos de restricciones somos los primeros”.

Por último, las entidades firmantes: ONERO, FARPE y ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA, realizan un llamamiento a la Vicepresidencia Social del ejecutivo con el fin de hacerle llegar la expresión de un colectivo unido que reclama con la mayor dignidad su lugar en la sociedad y necesita evitar la merma de unos derechos y recursos ya plenamente consolidados. Con ellos intactos, podremos continuar en la labor de mejorar día a día la calidad de vida de las personas con discapacidad  en todos sus ámbitos, objetivo que con toda seguridad comparte esa Vicepresidencia Social.

¿Qué indica el Gobierno al respecto?

“Parece que se afirma que nosotros hemos querido recortar el presupuesto de la Plataforma del Tercer Sector y reducir el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF. No es así en absoluto”, declaró el líder de Unidas Podemos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Según su versión, “lejos de recortar el presupuesto, vamos adestinar más dinero” porque “este año se han recaudado 395 millones de euros para fines sociales, 131 millones más que en 2019”.

Sin embargo, las organizaciones de acción social organizadas en la Plataforma del Tercer Sector -que incluye a entidades de la discapacidad como el Cermi o la ONCE y de lucha contra la pobreza como Cruz Roja, Cáritas o la EAPN- denuncian que las entidades estatales sólo podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF, una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros.