El uso de la mascarilla, a la palestra política

Se habrán fijado. Nuestros políticos hablan ahora siempre embozados detrás de una mascarilla. Pero siguen diciendo más o menos lo mismo. Ninguno de nuestros conflictos se ha visto suspendido, todos mantienen su fuerza. Es más, en lo que llevamos de mes de febrero, el Gobierno ha defendido o tomado dos decisiones relativas al uso de la mascarilla contrarias entre sí. El pasado día 1 pidió la autorización del Congreso para prorrogar la obligación de llevarla también por la calle y el día 8 aprobó un decreto para justo lo contrario.

Ninguna de estas decisiones ha pasado por el canal por el Consejo Interterritorial de Sanidad. Han sido más bien decisiones políticas y el dictamen final, el que se tome en su momento para derogar la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, también queda de momento fuera del alcance de los expertos en Salud Pública porque no figura en el protocolo de "gripalización" para afrontar la siguiente fase de la Covid.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos están tomando el pelo?

Es como si la pandemia fuera un epifenómeno, una anécdota casi. Nuestro PIB cae a plomo, casi igual que nuestro prestigio como país, y Torra y Casado siguen con lo suyo. Por no hablar del éxito de Vox en Castilla y León, que acabará teniendo tintes surrealistas.

Lo peor de todo es contemplar cómo la pandemia se ha puesto al servicio del tacticismo. Desde el principio, el uso de la mascarilla ha discurrido por cauces distintos a como se toman las decisiones sobre la crisis sanitaria, que parten de una propuesta de los expertos del ministerio y las comunidades que forman parte de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, pasan después por los directores generales en la Comisión de Salud Pública y reciben el refrendo definitivo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se sientan ministra y consejeros autonómicos de Sanidad.

Este es el esquema que se está siguiendo para elaborar el esperado siguiente paso que se dará una vez que se dé por terminada la sexta ola, para pasar de un sistema de respuesta a la pandemia a uno que tratará la Covid como una enfermedad "endémica", según plantea el Gobierno. Es lo que se ha llamado la "gripalización" de la Covid, mediante un protocolo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea poder debatir ya junto a las comunidades en la Conferencia de Presidentes que se celebrará de forma presencial en La Palma el 25 de febrero.

Antes de eso, la Ponencia de Alertas ya está ultimando un primer documento base para el "corto y medio plazo" después de la sexta ola y al que posteriormente deberá seguir otro más a largo plazo en el que, esta vez sí, se contemplará un nuevo sistema de vigilancia de esta enfermedad -quizá parecida a como se vigila la gripe- que debería pactarse también a nivel europeo.

Según fuentes conocedoras de los trabajos de los técnicos que pasarán después a la Comisión de Salud Pública, en este próximo "protocolo de vigilancia" habrá nuevas pautas sobre tipos de contactos sociales y medidas no farmacológicas, pero entre ellas no se contemplan cambios en el uso de la mascarilla. 

Aunque no es de su competencia, el Gobierno también determinó que la mascarilla tampoco tendría que llevarse en los patios de los colegios, que llevó a que cada comunidad haya redactado su correspondiente orden para hacer efectiva esta medida.

¿Qué motiva la prisa por eliminar la mascarilla? 

No es la economía. Los costes de llevar mascarilla son insignificantes. Naturalmente, sabemos lo que esto es en realidad: política.

Negarse a llevar mascarilla se ha convertido en una insignia de identidad política, una declaración a rostro descubierto de que la persona en cuestión rechaza valores progresistas como la responsabilidad cívica o la fe en la ciencia.

Si nada se tuerce, la próxima decisión que se espera del Gobierno con respecto a las mascarillas es la derogación de la obligación de llevarla también en espacios cerrados, en la que la Ponencia de Alertas no cuenta tampoco con tener nada que ver.

De momento, el Gobierno no pone fecha a este definitivo movimiento y llama la "prudencia" y a seguir "la evolución de la pandemia". La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, dijo que la vacunación y el nivel de inmunización son "ventajas" que podrían llevar hacia esa medida en España, pero pidió también "no lanzar las campanas al vuelo" antes de pensar en quitarse también la mascarilla en espacios cerrados.