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Cuando se habla de las consecuencias de una guerra, las cifras suelen centrarse en las personas muertas o heridas, las ciudades reducidas a escombros y las economías arrasadas. Sin embargo, hay otra víctima que rara vez aparece en los balances de los conflictos: el medio ambiente y los recursos naturales. Pozos envenenados, cultivos incendiados, bosques talados, suelos contaminados y fauna sacrificada forman parte de un daño que puede perdurar mucho después de que cese el fuego.
Cada 6 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. La fecha busca recordar que proteger los ecosistemas no es un asunto secundario, sino una condición necesaria para evitar nuevas crisis y construir una paz estable.
Recursos naturales que alimentan los conflictos
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte de que, al menos, el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han estado relacionados con la explotación de recursos naturales. Esa relación puede deberse tanto al elevado valor de determinados bienes, como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como a la escasez de recursos esenciales, como la tierra fértil y el agua.
La disputa por estos recursos no solo puede contribuir al estallido de una violencia armada. También puede alimentar su prolongación y favorecer que el conflicto vuelva a producirse. Según la ONU, el riesgo de recaída en los conflictos vinculados a los recursos naturales es el doble que en otros casos.
Esta realidad convierte la gestión ambiental en una herramienta de prevención. Si los bosques, las cuencas hídricas, los suelos agrícolas o los yacimientos minerales son destruidos o quedan bajo un control ilegítimo, las comunidades pierden medios de subsistencia y aumentan las tensiones sociales. Por ello, Naciones Unidas considera imprescindible que la preservación ambiental forme parte de las estrategias de prevención de conflictos, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz.
“La humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de muertos y heridos, de ciudades destruidas, de medios de vida arruinados”, señala la organización en su mensaje por esta jornada. “Sin embargo, el medio ambiente ha sido con frecuencia la víctima olvidada”.
Un daño que trasciende el frente
El impacto ambiental de una guerra no se limita al momento de los combates. La destrucción de infraestructuras, la contaminación de aguas, la quema de cultivos o la tala de bosques pueden afectar a la salud, la alimentación y la economía de poblaciones enteras durante años. La ONU subraya que no puede haber una paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de vida y los ecosistemas son destruidos.
Las consecuencias también pueden cruzar fronteras. Un río contaminado, una nube tóxica o un vertido marítimo no reconocen límites políticos. Por eso, el daño ambiental de un conflicto puede convertirse en un problema regional y, en algunos casos, en una amenaza de largo plazo para la biodiversidad y la seguridad humana.
La preocupación pública por estos efectos alcanzó una dimensión internacional durante la Guerra de Vietnam. El empleo del herbicida tóxico conocido como Agente Naranja, junto con la deforestación masiva y la contaminación química asociada a su uso, provocó una fuerte reacción internacional.
Aquella experiencia impulsó la creación de instrumentos jurídicos destinados a limitar el uso del medio ambiente como arma de guerra. En 1976 se adoptó la Convención sobre la Prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, conocida como Convención de Modificación Ambiental. Su objetivo es impedir que se empleen técnicas de alteración ambiental como medio de guerra.
Un año después, en 1977, el Protocolo I, una enmienda a los Convenios de Ginebra, incorporó dos artículos que prohíben causar daños “generalizados, a largo plazo y graves” al medio natural durante los conflictos armados.
Golfo: los límites de la ley
Pese a estos avances, la Guerra del Golfo de 1990-1991 puso en evidencia las carencias de la protección legal. Durante la retirada iraquí de Kuwait, más de 600 pozos petroleros fueron destruidos de forma intencionada, generando una extensa contaminación.
Las reclamaciones posteriores por daños ambientales alcanzaron 85.000 millones de dólares, equivalentes a unos 76.700 millones de euros. Aquel episodio reactivó las llamadas internacionales para reforzar la protección del medio ambiente en los conflictos armados.
El caso demostró que las normas existentes no siempre bastan para prevenir o reparar daños de esa magnitud. La destrucción deliberada de infraestructuras energéticas puede dejar huellas en el aire, el suelo y el agua durante décadas, complicando la reconstrucción de los territorios afectados.sanskritiias
Kosovo y Líbano: contaminación sin fronteras
Otros conflictos han mostrado que el deterioro ambiental puede producirse de forma directa, indirecta o como consecuencia del colapso institucional y de la falta de gobernanza. Durante la guerra de Kosovo, en 1999, decenas de instalaciones industriales fueron bombardeadas.
Los ataques provocaron contaminación química tóxica en varios puntos críticos, entre ellos Pancevo, Kragujevac, Novi Sad y Bor. Además, la situación despertó alarmas sobre una posible contaminación del río Danubio, uno de los principales cursos de agua de Europa.
Años después, durante el conflicto entre Israel y el Líbano de 2006, el bombardeo de la central eléctrica de Jiyeh provocó la liberación de entre 12.000 y 15.000 toneladas de fueloil al mar Mediterráneo. El vertido evidenció cómo un ataque militar puede tener consecuencias ecológicas que afectan a mares, costas y comunidades alejadas del frente.
Irak: la huella de Daesh
El conflicto armado en Irak que comenzó en junio de 2014 también dejó una profunda huella ambiental. La violencia terminó con la recuperación de las últimas zonas controladas por Daesh, también conocido como Estado Islámico o ISIS, y la retirada de sus militantes en 2017.
Antes de abandonar los territorios, los combatientes prendieron fuego a pozos de petróleo. Las llamas liberaron a la atmósfera una mezcla tóxica compuesta por dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, partículas y metales como níquel, vanadio y plomo.
Estas emisiones no solo afectaron al aire de las zonas cercanas. La contaminación puede penetrar en suelos y aguas, dañar la salud de la población y dificultar la recuperación agrícola y económica de regiones ya devastadas por la guerra.
Proteger el entorno para construir paz
La experiencia acumulada en Vietnam, Kuwait, Kosovo, Líbano e Irak muestra que el medio ambiente no es un daño colateral menor. Es un componente esencial de la seguridad, la salud y la reconstrucción de las sociedades afectadas por los conflictos.
Por eso, la ONU insiste en que la protección ambiental debe integrarse en la prevención de las guerras y en los procesos de paz. Gestionar de forma sostenible los recursos naturales, reforzar la gobernanza y evitar que el saqueo o la destrucción ecológica financien la violencia son medidas necesarias para reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos.
La conclusión es clara: una paz que se construye sobre ecosistemas destruidos y recursos naturales agotados es una paz frágil. Proteger el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad durante los conflictos no es solo una obligación ambiental; es también una inversión en la estabilidad futura de las comunidades.
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