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La fuerte subida del precio del gasóleo agrario ha vuelto a situar al sector primario en una situación crítica. El repunte de la tensión geopolítica en Oriente Próximo ha provocado un encarecimiento de los combustibles y de otros insumos esenciales, justo cuando miles de explotaciones agrícolas inician la siembra del cereal de invierno y afrontan la compra de semillas para la nueva campaña.
Ante este escenario, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron la pasada semana un calendario de movilizaciones que recorrerá distintos puntos de España. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene este lunes una reunión con representantes del sector para conocer de primera mano la gravedad de la situación y analizar posibles respuestas.
La incertidumbre aumenta además porque el actual paquete de medidas destinado a aliviar el impacto de la crisis energética finaliza el próximo 30 de septiembre, dejando en el aire descuentos y ayudas que hasta ahora han servido para contener parcialmente el incremento de los costes de producción.
El gasóleo agrario sube más de un 4% en una semana
Los datos más recientes reflejan la rapidez con la que se está produciendo la escalada de precios. Según el último Informe Semanal de Precios de la Energía en el Sector Agrario y Pesquero, el gasóleo agrícola aumentó un 4,22% en apenas siete días, situándose en 1,620 euros por litro.
La comparación con principios de julio resulta especialmente significativa. Entonces el litro de combustible costaba alrededor de 1,291 euros, lo que evidencia un incremento de más de 30 céntimos en pocas semanas.
Las organizaciones profesionales agrarias calculan que el combustible es actualmente un 48% más caro que hace un año. Ese aumento tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de las explotaciones, ya que el gasóleo continúa siendo uno de los principales gastos de cualquier actividad agrícola.
Llenar un tractor cuesta más de 130 euros adicionales
COAG ha puesto cifras concretas al problema. Según sus cálculos, llenar el depósito de 300 litros de un tractor supone actualmente un desembolso de 421,5 euros, frente a los 289,5 euros que costaba el 23 de febrero, antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
La diferencia asciende a 132 euros, lo que representa un incremento del 45,6% para una sola carga de combustible. Incluso aplicando el descuento de hasta 20 céntimos por litro que todavía permanece en vigor, el agricultor seguiría pagando 68,10 euros más por llenar el mismo depósito.
Para muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño, estos sobrecostes hacen muy difícil mantener la actividad con normalidad durante la campaña.
El anuncio de movilizaciones responde precisamente al deterioro de esta situación económica. Aunque todavía no se ha hecho público el calendario definitivo, las organizaciones convocantes deberán concretar en los próximos días las fechas y los recorridos de las protestas, así como si Madrid volverá a convertirse en el destino final de las tradicionales tractoradas.
Desde Asaja, su secretario de Organización, Juan José Álvarez, asegura que el sector ya había solicitado con anterioridad una reunión con el Ministerio y considera que el encuentro con Luis Planas llega después de que las organizaciones anunciaran las protestas.
Álvarez sostiene que producir con el gasóleo cerca de 1,70 euros por litro resulta inviable y reclama medidas que vayan más allá de soluciones temporales.
En la misma línea se expresa el secretario general de COAG, Andrés Góngora, quien denuncia que el precio del gasóleo se ha incrementado en torno a un 60% y advierte de que la volatilidad de los mercados energéticos podría prolongarse durante los próximos meses. A su juicio, los agricultores necesitan estabilidad para poder planificar cuánto costará producir sus cosechas.
¿Se trasladará el incremento de costes al consumidor?
Una de las grandes incógnitas es si este encarecimiento terminará reflejándose en el precio de los alimentos. Los expertos llaman a evitar el alarmismo, aunque reconocen que el efecto sobre la cadena alimentaria puede acabar produciéndose.
El profesor de la Universidad CEU San Pablo y del Instituto de Estudios Bursátiles, Rafael Pampillón, considera que el gasóleo terminará filtrándose a la cesta de la compra porque interviene tanto en el funcionamiento de la maquinaria agrícola como en el transporte de frutas, verduras y otros productos alimentarios. Además, recuerda que otros insumos, como el gas utilizado para fabricar fertilizantes, también están experimentando importantes aumentos de precio.
El economista señala igualmente que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) podría situarse cerca del 5% durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. En agosto este indicador alcanzó el 4,6%, frente al 3,2% de media registrado en la Unión Europea.
La industria alimentaria también alerta del impacto
La preocupación no se limita al campo. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reconoce que los conflictos internacionales están alterando las cadenas de suministro, elevando los costes energéticos y dificultando la planificación empresarial.
Según su presidente, Ignacio Silva, esta situación reduce la competitividad de las compañías del sector y obliga a afrontar un escenario de mayor incertidumbre logística y económica.
Desde Asaja recuerdan además que los agricultores apenas tienen capacidad para repercutir estos incrementos sobre el precio que reciben por sus productos. La organización estima que las labores agrícolas que deberán realizarse sobre aproximadamente 22 millones de hectáreas supondrán al menos 200 millones de euros más de costes respecto a 2025.
COAG va un paso más allá y advierte de que, si muchas explotaciones reducen la superficie sembrada por falta de rentabilidad, el impacto terminará alcanzando directamente al consumidor.
El vencimiento del paquete de medidas el próximo 30 de septiembre ha intensificado las demandas del sector. Tanto las organizaciones agrarias como la patronal alimentaria consideran necesario prolongar las ayudas actuales y diseñar mecanismos más estables para hacer frente a futuras crisis energéticas.
Entre las propuestas de Asaja figura elevar la compensación del IVA dentro del Régimen Especial Agrario del 12% al 15%, una medida de carácter fiscal que, según la organización, podría aplicarse de forma inmediata.
COAG, por su parte, reclama ampliar el descuento de 20 céntimos por litro, definir un horizonte temporal claro para la subvención del gasóleo agrícola y reducir el IVA del combustible profesional del 21% al 10%. También exige un mayor control sobre los operadores nacionales e internacionales para evitar posibles prácticas especulativas en el suministro y los fertilizantes.
Los expertos piden cautela con el coste de las subvenciones
Frente a estas reivindicaciones, algunos economistas recuerdan que ampliar las ayudas también tiene consecuencias sobre las cuentas públicas. Rafael Pampillón advierte de que financiar el gasóleo mediante reducciones fiscales o mayores subvenciones supone una pérdida de ingresos tributarios y un incremento del gasto público.
En un contexto de tipos de interés elevados y de presión sobre el déficit, el debate se centra ahora en encontrar un equilibrio entre el apoyo urgente que reclama el campo y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras tanto, agricultores y ganaderos esperan que las decisiones que se adopten en los próximos días eviten una nueva oleada de tractoradas y contengan el impacto de la crisis sobre la producción de alimentos.
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