El 65 % de las mujeres con discapacidad están inactivas laboralmente

La Fundación Cermi Mujeres, plataforma para la defensa y acción de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en España, ha pedido al Instituto de las Mujeres que intervenga ante la discriminación de la bióloga interna residente Carmen Lafuente, una profesional con discapacidad que ha sacado plaza "con la mejor nota" pero que "no encuentra un hospital público que adapte su puesto".

Por la igualdad inclusiva como principio básico para contribuir a la no discriminación de mujeres con discapacidad

Desde Fundación Cermi Mujeres resulta inaceptable que una situación como la de Carmen Lafuente se siga produciendo en nuestro país.

Además, es precisamente el Ministerio de Sanidad, una administración pública, quien conculque los derechos de esta mujer con discapacidad.

Cermi Mujeres pelea cada día por un nuevo modelo más amplio de igualdad, que lleva intrínseco otras dimensiones como la redistribución justa para afrontar las desventajas socioeconómicas; el reconocimiento para combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios, la violencia, y para reconocer la dignidad de los seres humanos; la participación para reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales; el reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión en la sociedad; así como una dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana.

El porcentaje de desempleo entre este colectivo de mujeres alcanza la escandalosa cifra del 80 % entre aquellas con discapacidades más severas

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en vigor en nuestro país desde 2008, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás.

Esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres argumenta que, precisamente en 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya instó al Estado español a analizar y modificar sus leyes, reglamentos y políticas para promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Un paso hacía atrás en materia de inclusión de las personas con discapacidad: El caso de Carmen Lafuente

En una carta a la que tuvo acceso Servimedia dirigida a la directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, recuerda que Lafuente es una persona con un 78 % de discapacidad visual y que "el resultado de esta falta de adaptación ha derivado en la pérdida de la plaza, decisión adoptada por el propio Ministerio de Sanidad".

Peláez subraya en su misiva que la adaptación de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad "es una obligación legal recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social".