España a la vanguardia mundial al reconocer y apoyar a las mujeres con discapacidad

Palabras como "subnormal", "minusválido" o "retrasado", comúnmente utilizadas para referirse a personas con discapacidad, han sido eliminadas de la Constitución española tras la aprobación de la reforma del artículo 49. Esta modificación, realizada hace unos días, es resultado de años de lucha por el reconocimiento y la dignidad de las personas con discapacidad, marcando un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y equitativo.

Una revolución constitucional hacia la igualdad y dignidad para las personas con discapacidad

En días recientes, España ha dado un paso histórico al eliminar términos despectivos como "subnormal", "minusválido" o "retrasado" de la Constitución, incluyendo también la supresión del término "disminuido". La reforma del artículo 49 refleja un avance hacia la igualdad y dignidad para las personas con discapacidad.

La nueva redacción asegura que estas personas son titulares de derechos en condiciones de libertad e igualdad real, sin discriminación. Además, se destaca la participación de organizaciones representativas en la creación de políticas, con especial atención a las necesidades de mujeres con discapacidad.

Esta reforma sitúa a España a la vanguardia internacional en derechos sociales, siendo pionera al incluir una alusión específica a mujeres con discapacidad. Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, destaca la importancia de esta consideración en materia de igualdad de género. 

La reforma constitucional no solo implica una transformación social sino también un cambio en el lenguaje, reconociendo la importancia de considerar a las mujeres con discapacidad de manera explícita en la Carta Magna.

Avanzando hacia una inclusión total

Con el reconocimiento de las personas con discapacidad en la Carta Magna, España reafirma su posición vanguardista en derechos sociales. La rectificación, elogiada a nivel internacional, destaca por ser escasa la inclusión explícita de personas con discapacidad en constituciones globales. La ausencia de referencias a mujeres con discapacidad y las niñas a nivel mundial resalta la singularidad de esta reforma.

El movimiento social liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha abogado durante años por el cambio terminológico. La adopción de un enfoque basado en derechos humanos, alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, refleja un compromiso significativo.

Destacando la importancia del diálogo y la participación de organizaciones sociales en el proceso, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, subraya el principio fundamental de "nada para nosotros sin nosotros".

Más allá de una modificación terminológica, la reforma constitucional busca consolidar la percepción social de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas plenos. En esencia, representa un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva y consciente de los derechos fundamentales de todas las personas.

Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación

Las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación, según el Observatorio Sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España. Este grupo tiene un 32,3 % menos de empleabilidad y salarios un 15,5 % menores. Además, sufren una mayor incidencia de violencia machista, registrando un 8,2 % más de violencia física o sexual, un 8,8 % más de violencia psicológica o emocional, y un 7,3 % más de violencia económica, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer.

Ana Peláez, vicepresidenta del CERMI Mujeres, destaca la importancia del respaldo constitucional a las mujeres y niñas con discapacidad, considerándolo un mensaje rotundo a la sociedad. Recuerda que una de cada cinco mujeres con discapacidad en el mundo vive con discapacidad, y subraya que las mujeres generan discapacidades en un porcentaje superior al de los hombres (20 % frente al 12 %). 

Frente a reacciones antifeministas, Peláez enfatiza que estas medidas de acción afirmativa buscan abordar riesgos de discriminación agravada para poblaciones que han estado históricamente olvidadas.