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El Gobierno ha cerrado un nuevo acuerdo sobre vivienda en el Consejo de Ministros de este martes y ha optado por dividir las medidas en dos decretos diferentes. La decisión responde a la necesidad de facilitar su posterior convalidación en el Congreso y de separar aquellas iniciativas consideradas prioritarias de otras que podrían encontrar más dificultades para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado los principales detalles del acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre las medidas anunciadas figuran la ampliación hasta 2030 del denominado escudo social frente a los desahucios, actuaciones contra las compras especulativas, cambios fiscales y nuevas fórmulas para facilitar el acceso.
El paquete también contempla la renovación automática de determinados contratos de alquiler, aunque esta iniciativa ha quedado incluida en un segundo real decreto. Rodríguez ha reconocido que esta última propuesta no ha podido ser negociada con los grupos parlamentarios con el mismo nivel de detalle que el resto de las medidas, por lo que existe incertidumbre sobre su tramitación en el Congreso.
Protección frente a los desahucios y medidas contra la especulación
Uno de los principales acuerdos consiste en prolongar la vigencia del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030. La ministra ha defendido esta ampliación con la intención de evitar que vuelvan a producirse situaciones como la de Maricarmen, cuyo desahucio en Madrid provocó una fuerte movilización social y política.
El primer decreto también incorpora medidas dirigidas a limitar las operaciones consideradas especulativas en el mercado inmobiliario. Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo pretende identificar a las empresas que participen en este tipo de operaciones y evitar que puedan continuar utilizando este bien con fines que el Gobierno considera especulativos.
La ministra ha insistido en que el objetivo no es obstaculizar la actividad empresarial. Según ha explicado, las nuevas reglas pretenden orientar la inversión privada hacia la construcción de vivienda pública y asequible.
Dentro de este mismo paquete se incluye una reducción del IVA al 4 % para la construcción de vivienda pública. También se modificará el régimen fiscal de las socimis para intentar que estas sociedades dirijan una mayor parte de sus inversiones hacia la compra asequible.
Renovación automática de los contratos de alquiler
El segundo decreto está centrado principalmente en reforzar la estabilidad de los contratos habituales. La medida más destacada será la posibilidad de establecer la renovación automática de los contratos de alquiler cuando lleguen a su finalización.
La propuesta contempla diferencias dependiendo de quién sea el propietario. Cuando el arrendador sea un particular, la renovación se produciría al finalizar los cinco años de contrato, mientras que en el caso de que el propietario sea una empresa el plazo se situaría en siete años.
Rodríguez ha explicado que la iniciativa toma como referencia modelos utilizados en otros países y también la experiencia de los contratos de Casa47, que pueden alcanzar duraciones de hasta 75 años.
La propia ministra ha admitido, sin embargo, que esta propuesta no se ha trabajado con los grupos parlamentarios con la misma profundidad que otras medidas del paquete. Por este motivo, ha reconocido que existe la posibilidad de que la renovación automática no consiga finalmente la convalidación en el Congreso.
Congelación de alquileres y regulación de los pisos turísticos
Los ministros de Sumar han celebrado una comparecencia paralela en el Ministerio de Trabajo para explicar las medidas que su formación considera que ha conseguido incorporar al acuerdo.
Entre ellas figura la congelación del precio de aquellos alquileres que se encuentren por encima del índice de precios elaborado por el Ministerio de Vivienda. Según la información difundida durante la presentación de las medidas, esta iniciativa afectaría a una parte importante de los contratos de arrendamiento existentes.
Además, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un nuevo régimen sancionador dirigido a los alquileres turísticos, aunque no se han detallado todos los elementos de este sistema.
Sumar también ha puesto el foco en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, considerados por la formación una de las cuestiones pendientes tras la aprobación de la Ley de Vivienda de 2023.
Nuevas medidas fiscales y ayudas para acceder a una vivienda
El paquete acordado incluye también modificaciones fiscales y ayudas dirigidas tanto a propietarios como a inquilinos. Entre ellas se encuentra un IVA del 10 % para las casas destinadas al alquiler turístico, que hasta ahora estaban exentas de este impuesto. El porcentaje finalmente anunciado es inferior al 21 % que el Gobierno había planteado meses atrás.
También se establece una prórroga de dos años para los contratos actualmente vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Para las familias que viven de alquiler y cuentan con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, dependiendo de las condiciones, se contemplan nuevas bonificaciones fiscales. La cuantía se graduará en función de las rentas y, según las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por la ministra, las ayudas podrían alcanzar aproximadamente a 1,6 millones de hogares. En determinados casos, el ahorro podría equivaler al importe de una mensualidad de alquiler.
El Gobierno también ha anunciado un mecanismo destinado a facilitar a las familias el acceso a su primera casa mediante préstamos con un tipo de interés del 0 %. Estos créditos podrán cubrir hasta el 20 % del valor del inmueble, con un límite máximo de 50.000 euros, y serán gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Dos decretos para intentar asegurar los apoyos parlamentarios
La división del paquete de vivienda en dos decretos responde también a una cuestión política y parlamentaria. El Gobierno busca que las medidas consideradas más urgentes puedan salir adelante aunque otras iniciativas tengan más dificultades para conseguir apoyos suficientes.
El objetivo es evitar situaciones como la ocurrida el pasado mes de abril, cuando una prórroga del alquiler aprobada por el Consejo de Ministros terminó siendo rechazada posteriormente en el Congreso.
El Ejecutivo también decidió en julio aplazar la aprobación de un nuevo decreto de vivienda ante la falta de garantías de que pudiera ser convalidado durante la sesión parlamentaria. En esta ocasión, la presión social generada por la situación y, especialmente, por el caso de Maricarmen Abascal, ha contribuido a acelerar las negociaciones.
El socio minoritario del Gobierno presentó el lunes por la noche una nueva propuesta al PSOE que incluía, entre otras cuestiones, la regulación de los alquileres por habitaciones, la renovación automática de los contratos y un refuerzo de la protección frente a los desahucios.
Ahora el Ejecutivo deberá afrontar la siguiente fase: conseguir que las medidas superen el trámite parlamentario. Junts ya ha expresado sus reservas y ha señalado que las propuestas planteadas dejan fuera al pequeño propietario. El Gobierno ha solicitado, además, un pleno extraordinario del Congreso este viernes para someter a convalidación las medidas acordadas.
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