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El Gobierno reactiva la negociación con Junts para aprobar un decreto urgente anti-desahucios tras la conmoción por el caso de Maricarmen. La profunda conmoción social y política desencadenada por el desalojo judicial de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de su piso en Madrid e ingresada de urgencia en un centro sanitario, ha acelerado los movimientos en el bloque de investidura. Según adelanta El País, el Ejecutivo central ha reabierto la negociación con Junts per Catalunya para consensuar a contrarreloj un Real Decreto-ley de protección habitacional que pueda llevarse al próximo Consejo de Ministros este martes.
El movimiento busca armar una mayoría parlamentaria suficiente para blindar legalmente a las personas en situación de extrema vulnerabilidad y evitar que situaciones similares vuelvan a consumarse por grietas en el procedimiento judicial.
El reenganche de Junts y la geometría variable en la política de vivienda
El retorno de la formación catalana a la mesa de negociación resulta clave para la viabilidad legislativa de la medida:
- Superación del bloqueo previo: Tras los desencuentros y rechazos pasados a iniciativas relativas a la regulación de alquileres de temporada, la gravedad del caso Maricarmen ha forzado a los grupos a reanudar las conversaciones directas con el Ministerio de Vivienda.
- Equilibrio entre protección social y seguridad jurídica: Junts supedita su apoyo a que el texto delimite con precisión los supuestos de vulnerabilidad extrema, respetando las garantías de los pequeños propietarios y evitando incentivar la ocupación ilegal o la parálisis permanente del mercado.
- Aritmética parlamentaria imprescindible: Sin los siete votos de la formación catalana, cualquier Real Decreto de emergencia habitacional se expondría a ser derogado durante su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.
Ejes del decreto en negociación: blindaje a vulnerables contra desahucios y realojo obligatorio
Las conversaciones entre el Gobierno y sus socios se centran en cerrar las lagunas normativas que permitieron la ejecución del lanzamiento:
- Paralización automática por edad y dependencia: Establecer la suspensión obligatoria de cualquier orden de lanzamiento de desahucios cuando el inquilino supere una determinada franja de edad (como los 80 años) o acredite un grado elevado de dependencia y vulnerabilidad socioeconómica.
- Garantía previa de alternativa habitacional: Obligar a las administraciones públicas territoriales a entregar en mano una alternativa de vivienda digna antes de autorizar la intervención de la fuerza pública o el cambio de cerradura.
- Notificación judicial vinculante a Servicios Sociales: Reforzar los protocolos para que los juzgados no puedan señalar fechas de desahucio sin que conste una evaluación social previa y la confirmación de asistencia por parte de las entidades locales.
Carrera a contrarreloj y tensiones en el seno del Ejecutivo
Aprobar la norma en el Consejo de Ministros del próximo martes exige un complejo encaje entre las exigencias de los socios de la coalición:
- Divergencias entre PSOE y Sumar: Mientras Sumar presiona para incorporar medidas de intervención más duras (como la expropiación del uso del piso de Maricarmen o la regulación estricta del alquiler por habitaciones), el sector socialista aboga por un texto más pragmático centrado en el procedimiento judicial y los realojos de urgencia.
- Presión de la calle y del bloque de izquierda: Formaciones como EH Bildu, ERC y Podemos exigen que el decreto no se quede en parches temporales y aborde con carácter estructural la emergencia habitacional en toda España.
El desahucio de una anciana de 87 años ha obligado a acelerar los tiempos políticos: si no hay un acuerdo antes del martes, el compromiso de proteger a los más vulnerables perderá toda credibilidad ante la ciudadanía.
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