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El impacto social y mediático generado por el desahucio de Maricarmen —la mujer de 87 años expulsada de su vivienda en el centro de Madrid e ingresada posteriormente en un centro hospitalario— ha trasladado la conmoción civil al núcleo del Gobierno de coalición.
El grupo parlamentario Sumar ha elevado la presión sobre su socio de Ejecutivo (PSOE) exigiendo la expropiación del inmueble para devolver el uso de la casa a Maricarmen y la tramitación urgente, en el próximo Consejo de Ministros, de un Real Decreto-ley de emergencia habitacional.
Esta iniciativa busca forzar una respuesta ejecutiva contundente que impida que situaciones de extrema vulnerabilidad vuelvan a resolverse mediante la intervención de las fuerzas de seguridad y la pérdida del hogar.
La propuesta de expropiación temporal del inmueble de Maricarmen por causa de utilidad social
La exigencia formulada por el espacio plurinacional se apoya en los mecanismos de función social de la propiedad contemplados en el ordenamiento constitucional:
- Expropiación del uso del piso: Sumar propone que el Estado o la administración competente intervenga de forma urgente el piso del que fue desalojada Maricarmen, acogiéndose al interés social para garantizar que la octogenaria pueda regresar a su domicilio de manera estable.
- Sanción al modelo especulativo: La formación argumenta que la actuación de los fondos o propietarios privados que priorizan el rendimiento económico sobre la subsistencia de inquilinos ancianos debe ser neutralizada mediante el uso de las potestades públicas de expropiación y sanción.
- Tensión en el seno de la coalición: La medida visibiliza las diferencias doctrinales entre el socio menor del Gobierno, partidario de una intervención directa en el mercado inmobiliario, y la ala socialista, más cauta a la hora de aplicar expropiaciones sobre inmuebles privados.
La exigencia de llevar el decreto de vivienda de urgencia al Consejo de Ministros
Más allá del caso individual de Maricarmen, la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz reclama acelerar la agenda legislativa paralizada en materia habitacional:
- Suspensión obligatoria de lanzamientos a vulnerables: El decreto exigido contempla la prohibición explícita y sin fisuras procesales de ejecutar desahucios a personas vulnerables (mayores, dependientes o familias con menores) sin que las administraciones hayan entregado previamente las llaves de una alternativa habitacional digna.
- Control estricto del precio del alquiler y regulación del alquiler de temporada: La propuesta busca cerrar los coladeros legales que permiten esquivar la Ley de Vivienda mediante la conversión de contratos residenciales habituales en alquileres de temporada o por habitaciones.
- Intervención sobre el parque de vivienda vacía: Exigir la cesión obligatoria de inmuebles desocupados en manos de grandes tenedores para nutrir con rapidez los fondos públicos de vivienda de emergencia.
Escalada de presión en el bloque de investidura y debate de competencias
La propuesta de Sumar busca arrastrar a la mayoría parlamentaria para obligar al Ministerio de Vivienda a actuar de inmediato:
- Respaldo de los socios soberanistas y de izquierda: Formaciones como EH Bildu, Podemos, ERC y BNG han sumado sus voces para exigir que el Ejecutivo no se limite a lamentar los desahucios y utilice su capacidad reglamentaria de forma reactiva.
- El choque de competencias con la Comunidad de Madrid: Mientras el Gobierno regional madrileño elude responsabilidades señalando al marco legal estatal, el Ejecutivo central se ve urgido a demostrar que cuenta con competencias de estado de necesidad para proteger el derecho a la vivienda amparado por el artículo 47 de la Constitución.
El desahucio de Maricarmen demuestra que las declaraciones de buenas intenciones no frenan las ejecuciones judiciales: el Gobierno debe actuar con la máxima contundencia, expropiar el uso de esa vivienda y llevar de inmediato el decreto de vivienda al Consejo de Ministros.
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