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El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves, en medio de errores y lamentos, a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el PNV. La modificación, que impactará incluso en los 'okupas' con hijos, recibió el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, aunque estos dos últimos grupos lo hicieron debido a un "error injustificable". En cambio, PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra, mientras que Vox optó por abstenerse. La propuesta de ley está ahora en manos del Senado, donde el PP tiene mayoría y se prevé su aprobación.
La ocupación ilegal de viviendas ha sido un problema social en España durante varios años. Según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, a finales de 2023, en el país había más de 15.000 viviendas ocupadas de forma irregular. Los procedimientos para desalojar a los okupas suelen ser prolongados y costosos, una situación que cambiará de forma significativa con la aprobación definitiva de la enmienda impulsada por el PNV.
Así funciona la nueva ley contra los okupas
La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorpora los delitos de usurpación de vivienda, contemplados en el artículo 245 del Código Penal, y allanamiento de morada, tipificado en el artículo 202, a los procedimientos de juicio rápido. Esto significa que los casos relacionados con okupas serán tramitados mediante un procedimiento abreviado, y los acusados podrán ser juzgados en un plazo máximo de quince días desde que son puestos a disposición judicial. Además, los procesos de desalojo se llevarán a cabo con mayor celeridad.
Entre los delitos que actualmente se juzgan mediante procedimientos rápidos están los de violencia física, robo y delitos contra la seguridad vial. Con esta reforma, los casos de desahucios por ocupación también se sumarán a esta modalidad de juicio una vez la enmienda sea aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estrategias de los ocupantes ilegales
Los ocupantes ilegales suelen emplear diversas estrategias para entrar y mantenerse en viviendas vacías. Una técnica reciente en la capital consiste en pedir una pizza a la dirección que pretenden ocupar. Al llegar el repartidor, los ocupantes lo interceptan en el portal o la escalera, pagan la pizza y luego desaparecen por unos días. Pasadas unas 48 horas, vuelven y se instalan en la vivienda.
Cuando los propietarios o vecinos denuncian la ocupación, los okupas suelen mostrar el recibo de la pizza como prueba de que llevan más de dos días en la vivienda, lo que hasta ahora ha complicado su desalojo inmediato. Con la nueva reforma, estas situaciones se resolverán más rápidamente tras la publicación de la enmienda en el BOE.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar una vivienda?
Actualmente, cuando los ocupantes demuestran haber estado más de 48 horas en una vivienda, el caso pasa a un juicio ordinario. Según abogados especializados, el 80 % de los procesos de desahucio gestionados en los despachos dura entre 4 y 9 meses. La duración del proceso depende de factores como la carga de trabajo del juzgado y la rapidez del propietario al iniciar las acciones legales.
El proceso de desahucio incluye cuatro fases principales:
- Requerimiento de pago o desalojo.
- Presentación de la demanda de desahucio.
- Celebración del juicio.
- Ejecución del lanzamiento.
Con la entrada en vigor de la reforma, estos procedimientos serán significativamente más ágiles.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de desalojo?
En primer lugar, el propietario o su representante legal notifica al inquilino exigiendo el pago de la deuda o el abandono del inmueble. Este aviso incluye la cantidad adeudada y un plazo específico para resolver la situación.
Si el inquilino o los ocupantes ilegales (conocidos como ‘okupas’) no cumplen con la solicitud, el propietario presenta una demanda ante el tribunal correspondiente. En esta demanda se detalla toda la información relevante, como la identidad de las partes, la descripción de la propiedad y los motivos que fundamentan el desalojo.
Luego, el juzgado programa una audiencia donde se revisan las pruebas presentadas por ambas partes. Tras la deliberación, el juez dicta una sentencia que puede ordenar el desalojo si favorece al propietario. Se establece un plazo para que la propiedad sea desalojada.
Finalmente, si la sentencia es favorable al propietario, se inicia la ejecución. Esto implica el desalojo efectivo del inmueble y la restitución de la propiedad al dueño una vez que se lleva a cabo el lanzamiento.
¿Es posible desalojar a ‘okupas’ con hijos?
La ley protege de manera especial a los menores, lo que puede prolongar el proceso. En casos donde hay niños involucrados, los servicios sociales intervienen para analizar la situación y determinar si existe alguna condición de vulnerabilidad económica o social que afecte a los menores.
Eliminación de las 'golden visa'
El pasado jueves, se aprobó la supresión de los visados de residencia vinculados a inversiones inmobiliarias o empresariales en España. Anteriormente, esta modalidad permitía a ciudadanos extranjeros obtener permisos de residencia al adquirir propiedades por un valor superior a 500.000 euros.
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