Las prestaciones de la Seguridad Social amplían las ayudas por discapacidad, enfermedad grave y violencia de género

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Fachada del Congreso de los Diputados

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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles, por 63 votos a favor y seis en contra, el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, destinado a reforzar la acción protectora del sistema público y otras normas sociales. La votación prosperó gracias al respaldo parlamentario de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Esquerra Republicana, mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra.

Durante la defensa del decreto, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la tramitación de urgencia señalando que «las emergencias y catástrofes no avisan» y que, cuando los problemas golpean a personas vulnerables, la respuesta de los poderes públicos debe ser igualmente inmediata. Saiz defendió la necesidad de situar a los ciudadanos en el centro de la acción pública y aclaró que no se trata de un paquete aislado, sino del refuerzo continuo de las prestaciones de la Seguridad Social desplegado en los últimos años.

Pulso político en el Congreso por las nuevas prestaciones de la Seguridad Social

El debate parlamentario estuvo marcado por el calendario electoral, con las Cortes disueltas y los comicios a apenas diez días vista. Tanto el PP como Vox reprobaron que el Ejecutivo apruebe medidas de este calado tras haberse convocado las elecciones.

La diputada popular Mercedes González denunció que el texto se haya aprobado «al margen del Pacto de Toledo», un foro que según subrayó sí importa a su formación, y cuestionó que la disolución de las Cortes constituya una causa de urgente necesidad. González acusó al Gobierno de incurrir en un «uso y abuso» del Consejo de Ministros y de la Diputación Permanente encadenando reales decretos, sospechando que estas materias ni siquiera figuraban en el plan normativo anual. Asimismo, ironizó asegurando que el Ejecutivo ha sido «una tortuga» en materia social durante su mandato y ahora, con las urnas cerca, actúa como «una liebre» o «el galgo de los decretos».

Por su parte, el diputado de Vox Ricardo Chamorro denunció que el Gobierno bloquee propuestas planteadas por otros grupos para aprobarlas a diez días de las elecciones pretendiendo recibir agradecimientos, y exigió explicaciones directas para las familias que han estado esperando.

Ampliación de la ayuda por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave

Entre las novedades principales figura la ampliación de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). A partir de ahora, los progenitores, guardadores o acogedores mantendrán la protección más allá de los 26 años del hijo afectado cuando este presente un grado III de dependencia o una discapacidad igual o superior al 65%.

Además, el decreto permite que ambos progenitores perciban la ayuda de forma alternativa o simultánea, superando el límite anterior que restringía el cobro a un solo beneficiario. En este supuesto, la cuantía consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias profesionales, sin depender del porcentaje de reducción de jornada solicitado, que debe alcanzar al menos el 50 %. Actualmente existen unos 19.650 procesos en vigor, con una duración media de 666 días y una mayoría de mujeres beneficiarias de unas prestaciones de la Seguridad Social clave para compensar la pérdida de ingresos familiares.

Bajas laborales especiales por menopausia, violencia machista y catástrofes

La norma incorpora dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (IT) con mayor protección que la contingencia común: una por patología limitante derivada de trastorno menopáusico que impida trabajar y otra para mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les imposibiliten desempeñar su labor profesional.

Ambas modalidades carecen de periodo de carencia y garantizan cobertura desde el inicio. El primer día de baja será abonado por la empresa como salario, mientras que desde el día siguiente pagará la Administración: un 60 % de la base reguladora hasta el día 20 y un 75 % a partir de ahí. Este diseño mejora el régimen ordinario, en el que no se cobra durante los tres primeros días y la empresa asume el abono del cuarto al decimoquinto.

Al mismo tiempo, tras lo ocurrido en la pandemia de la covid-19, la DANA o el accidente de Adamuz o Urda, se introduce una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para activar con rapidez prestaciones de la Seguridad Social extraordinarias ante acontecimientos o accidentes catastróficos. Estas situaciones quedarán asimiladas a accidente de trabajo, aplicando sus mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

Cambios en la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos

En materia familiar, se flexibiliza el acceso a la pensión de viudedad en los casos de pareja de hecho. Cuando existan hijos en común, se elimina la obligación de aportar el certificado del registro formal de pareja de hecho; bastará con acreditar la descendencia compartida y demostrar dos años de convivencia sin vínculo legal.

Para evitar agravios respecto a casos anteriores, el decreto establece un plazo de un año para que quienes hayan sufrido el fallecimiento de su pareja antes de esta reforma puedan solicitar estas prestaciones de la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos exigidos.

Subida de las pensiones de orfandad y equiparación para víctimas del terrorismo

La norma refuerza también la cuantía de determinadas pensiones vinculadas a la violencia. Por un lado, la pensión de orfandad cuando el fallecimiento de la madre se haya producido por violencia contra la mujer pasa a ser equivalente al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento.

Por otro lado, las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo reconocidas y abonadas por el sistema público se incrementan igualmente hasta dos veces el SMI mensual. De forma paralela, se modifica la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo para equiparar las indemnizaciones entre víctimas con sentencia penal y aquellas que carecen de ella, tanto en casos de lesiones incapacitantes como en las prestaciones de la Seguridad Social de viudedad u orfandad correspondientes a sus familiares.

Permiso de nacimiento en el mar y triple cuantía en el fondo de alimentos

Por último, el decreto extiende el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, ya regulado en el Régimen General, a los progenitores adscritos al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, quienes pasan a contar con una prestación ampliada a 19 semanas.

Asimismo, se mejoran las condiciones del Fondo del Pago de Alimentos, destinado a garantizar la protección económica de hijos menores ante el impago de pensiones alimenticias en casos de divorcio, separación, nulidad matrimonial o procesos de filiación. El anticipo máximo por beneficiario sube de 100 a 300 euros mensuales, y su duración máxima deja de estar limitada a 18 meses para extenderse hasta que se extinga la obligación de alimentos, con el tope de los 18 años del menor, cerrando así la actualización de estas prestaciones de la Seguridad Social.

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