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La anomalía estadística de Madrid en violencia de género: más órdenes de protección denegadas que concedidas frente al aumento de denuncias
La protección institucional a las víctimas de violencia machista vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial. Según los datos oficiales del Ministerio de Igualdad recogidos por Cadena SER, la Comunidad de Madrid se consolida como la única autonomía de España donde el sistema judicial rechaza más órdenes de protección por violencia de género de las que finalmente aprueba. Esta tendencia estadística, que se arrastra desde 2024, choca frontalmente con el incremento del 26 % en el número de denuncias registrado en el último año. Mientras la oposición política y las memorias de la Fiscalía apuntan a deficiencias estructurales en las unidades de evaluación autonómicas, el Gobierno regional defiende su dotación de recursos y subraya que la decisión última recae en la independencia del criterio judicial.
Los datos del desamparo: menos expedientes iniciados y más rechazos
El embudo estadístico en los juzgados madrileños muestra una brecha significativa entre la voluntad de denunciar y la obtención de medidas cautelares. En lo que va de año, se han incoado 1.388 órdenes de protección por violencia de género en la región, de las cuales 737 han sido denegadas y 648 aceptadas.
Esta dinámica no es un hecho aislado, sino la consolidación de un patrón. En el ejercicio anterior (2025), de las 5.916 órdenes solicitadas, el rechazo alcanzó los 3.268 expedientes frente a 2.635 concesiones. Para organizaciones y portavoces políticos como la diputada socialista Lorena Morales, este alto porcentaje de denegaciones envía un «mensaje demoledor» que genera desprotección y puede actuar como elemento disuasorio para las víctimas que, a pesar del miedo, deciden dar el paso de acudir al sistema de justicia.
El foco sobre las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)
El debate sobre las causas de esta alta tasa de rechazos de protección por violencia de género se centra en el funcionamiento de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), los equipos técnicos encargados de asistir a jueces y tribunales evaluando el riesgo y los daños psicológicos y físicos de las víctimas.
Desde el PSOE-M se argumenta que la implantación de estas unidades en Madrid ha sido tardía (2023) y deficiente, acusando al Gobierno autonómico de no acompañarlas del refuerzo de personal necesario, lo que habría derivado en duplicidad de funciones y falta de coordinación. Estas críticas políticas encuentran respaldo técnico en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 y en la propia Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que han alertado de la persistencia de «problemas estructurales» en la región, tales como la escasez de medios materiales, demoras en la tramitación judicial y desconexión entre los equipos de evaluación.
La defensa institucional: independencia judicial y dotación de recursos
Frente a las acusaciones de inoperancia administrativa, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid rechaza categóricamente que exista una relación causa-efecto entre el trabajo de los forenses autonómicos y la alta denegación de las órdenes de alejamiento o protección por violencia de género.
El argumento del Ejecutivo regional pivota sobre dos ejes. En primer lugar, subraya el carácter no vinculante de los informes: los dictámenes de las UVFI no son preceptivos, por lo que la concesión o rechazo de una orden de protección es una potestad exclusiva de los jueces basada en su propia valoración del riesgo. En segundo lugar, defienden la suficiencia de la red actual, argumentando que la Comunidad dispone de 25 unidades de valoración forense (una por cada juzgado especializado en violencia sobre la mujer y tribunal de instancia), lo que a su juicio desmiente las acusaciones de escasez de medios y garantiza la cobertura plena del servicio.
El choque entre el alarmante volumen de denegaciones y el aumento del 26 % de las denuncias por violencia de género plantea un dilema estructural: determinar si el fallo reside en la saturación de los recursos forenses o en los estrictos criterios judiciales de concesión.
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