22/09/2020 - 07:50
Lectura fácil
Rubén, con 10 años de edad, empezó el 4º curso de Educación Primaria obligatoria en el colegio público ordinario Antonio González de Lama de León, concretamente en el año 2009. Fue en ese mismo centro donde había estudiado los años anteriores con el apoyo de una asistente técnico educativa. Hasta ese momento, su integración en el colegio con compañeros y profesores había sido buena.
Sin embargo, desde el comienzo del 4º curso, su tutor no le aceptó por su discapacidad (Rubén tiene síndrome de Down) discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato.
Según pruebas testificales realizadas el 23 de enero de 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de León, dos madres de compañeros de clase de Rubén declararon - en testimonios recogidos por Servimedia - que el tutor llegó a coger del cuello al autor amenazándolo con tirarlo por la ventana, y le amenazó con golpearle con una silla. Dichas fuentes añaden que el tutor manifestó a los padres de Rubén que era ‘insociable y peligroso’, y le aconsejaron que lo trasladaran a un centro de educación especial. Igualmente, Rubén fue objeto de agresión física por parte de una profesora.
A pesar de que los padres de Rubén denunciaron los hechos ante la directora provincial de Educación, no fueron investigados.
¿Qué dice la Convención de Derechos de personas con discapacidad?
La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue este proceso, y desde el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas se ha condenado la violación en España del derecho de este joven con discapacidad a una educación inclusiva, y a continuación se ha pedido que se acelere la reforma legislativa encaminada a garantizar este derecho y definir “claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza”.
Este Comité está formado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en los Estados que la han ratificado, en el caso de España, desde el año 2008. En este dictamen se analiza la denuncia que plantean Alejandro Calleja y su hijo Rubén, un niño con síndrome de Down, por considerar que se han vulnerado sus derechos.
También señala que no se protegió al menor de las situaciones de "malos tratos y discriminación" que sufrió en este centro y que, cuando la fiscalía de León denunció a sus padres por no llevarle al colegio de educación especial donde las autoridades terminaron matriculándole, se puso en riesgo la integridad familiar de todas estas personas.
La Delegación Territorial de Educación de León emitió dos dictámenes de escolarización donde se recomendaba que Rubén fuese matriculado en un centro de educación especial, dado "su comportamiento perturbador", sus "brotes psicóticos" y "el retraso general asociado al síndrome de Down".
Dichos informes nunca contaron con la aprobación de sus padres, que recurrieron a todas las vías judiciales, incluidas el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La ONU admitió el argumento del padre
Todos los itinerarios legales escogidos por los padres, llegaron a vía muerta, aunque en 2017, fue la ONU, la institución que les ha dado la razóny que admite el argumento del padre de Rubén sobre que su hijo fue víctima de una violación de su derecho a la educación inclusiva por la decisión de escolarizarle en un centro especial.
La ONU, aprueba la queja referida a que los tribunales españoles desestimaron todas las demandas de la familia "fundamentándose esencialmente en los informes del equipo de orientación, elaborados en estrecha colaboración y a instancias de los tutores que le rechazaron, discriminaron, abandonaron y maltrataron sin respetar sus derechos y dignidad".
La propuesta para Rubén desde la ONU
El comité insta a que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional “efectivamente” inclusivo", al considerar que el ciclo de FP Básica adaptada que ahora mismo realiza no lo es, puesto que los seis compañeros tienen discapacidad intelectual. También recoge el reembolso de las costas judiciales a la familia de Rubén y establece el pago de una indemnización. No especifica su cuantía, pero señala que han de tenerse en cuenta "los daños emocionales y psicológicos sufridos".
Según la ONU, con todo este proceso iniciado durante la primera década del año 2000, las administraciones y autoridades españolas han incumplido varios artículos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su protocolo facultativo, tales como el derecho a una educación inclusiva; respeto a la vida familiar; a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la integridad física y moral, y al aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Añadir nuevo comentario