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El Gobierno ha dado a conocer ayer que las oposiciones se verían retrasadas el tiempo que resulte imprescindible debido a la crisis que ha supuesto a todos los niveles el COVID-19. La encargada de trasladar la noticia ha sido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, durante una comisión en la que se encontraban todos los partidos políticos.
La ministra se dirigió de esta manera a todos los representantes de los partidos políticos en el Congreso: “Se pospone la celebración de pruebas selectivas presenciales y de concurrencia masiva por el tiempo que resulte imprescindible, aunque se garantiza la continuidad de los procesos”.
Sin embargo, Darías ha declarado que en cuánto finalice la suspensión de los plazos administrativos, “los procesos selectivos podrán tramitarse con carácter ordinario”. Mientras tanto, durante estos dos últimos meses, todas las unidades del Ministerio han mantenido su trabajo de manera ordinaria, tanto de forma presencial y no presencial, y han adoptado nuevos mecanismos para reuniones y nuevos ámbitos de trabajo, con celebración de videoconferencias, la flexibilización de horarios o anticipando medidas que formaban parte del itinerario de la legislatura y que se mantendrán de forma permanente.
¿Cuáles son las oposiciones más castigadas por el aplazamiento?
La educación se lleva la palma cómo sector más afectado por el aplazamiento de las oposiciones. Trece comunidades pospusieron a principios de abril sus pruebas hasta el año 2021. Por tanto habrá que esperar un año más para luchar por las diecisiete mil plazas.
Andalucía es la comunidad con más plazas a concurso entre las que han pospuesto sus oposiciones, con 6.154, seguida por la Comunidad Valenciana, con unas 3.500; Canarias, con 1.400; Castilla y León, con unas 1.200; y Baleares, con 1.140.
También ha afectado a las oposiciones de inspectores, agentes y cuerpo técnico de Hacienda y de la Agencia Tributaria. En su caso se quedaron pruebas pendientes en el Cuerpo Superior de Inspectores del Estado -con fecha del pasado 3 de abril-; en el Cuerpo Técnico de Hacienda -4 de abril-; en el Cuerpo de Vigilancia Aduanera -cuyo tercer ejercicio estaba convocado para el 18 de abril-; y en el Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública -con un segundo ejercicio el 25 de abril-.
Las convocatorias de auxiliar administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia; y las de los organismos autónomos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otras, se han suspendido hasta nueva orden. En el caso del SEPE, la ministra Darias recordó que durante estas últimas semanas se ha reforzado su plantilla para evitar el colapso de este departamento.
Pendientes de publicación oficial quedan todavía las oposiciones incluidas en el acuerdo sindical de estabilización del empleo público de la Administración General del Estado, pendientes de los años 2017 y 2018, que se habían aprobado para personal interino y funcionarios temporales -esta convocatoria se centraba en reducir la temporalidad en los organismos más expuestos a ella, como el Servicio Público de Empleo Estatal, así como los centros de investigación estatal del CSIC, el Carlos III y los Organismos Públicos de Investigación. Una de las soluciones que se ha propuesto para las oposiciones en primera instancia es que se pudieran realizar de manera telemática.
¿Qué número de funcionarios realizan trabajo presencial y teletrabajo?
Cerca de 50.000 funcionarios se encuentran realizando actividad presencial y más del doble se encuentran realizando teletrabajo. Sin embargo, 3000 se encuentran en aislamiento. Esto supone según porcentajes un 27,7% realizando trabajo de oficina mientras que un 62,18% se encuentra trabajando desde casa. Los aislados representan algo más del 1% de la plantilla.
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