Oxfam Intermón celebra la reforma de dependencia, pero reclama más derechos para las personas cuidadoras

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Reforma de las leyes de dependencia

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La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad representa un avance importante para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, según la valoración realizada por Oxfam Intermón. La organización considera que el nuevo marco normativo supone una mejora significativa en materia de derechos, al ampliar la cobertura de los servicios y reforzar las prestaciones económicas destinadas a quienes necesitan apoyo.

No obstante, la ONG advierte de que el texto deja todavía cuestiones pendientes, especialmente en lo que respecta a la protección de las personas cuidadoras no profesionales y de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, cuyos derechos, a su juicio, continúan sin estar plenamente garantizados.

Más capacidad de decisión para las personas en situación de dependencia

Desde Oxfam Intermón destacan que uno de los principales avances de la reforma es que fortalece el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir cómo desean organizar su vida y los cuidados que reciben. La normativa apuesta por favorecer la permanencia en el domicilio y en el entorno comunitario, frente a la institucionalización como respuesta principal a las necesidades de atención.

Además, la organización subraya que el nuevo texto introduce procedimientos administrativos más sencillos y coordinados, con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones y reducir la complejidad burocrática que hasta ahora ha caracterizado al sistema.

Ximena Medina, integrante del programa de justicia socioeconómica de Oxfam Intermón, considera que estos cambios refuerzan la autonomía de las personas beneficiarias al permitirles decidir "cómo, dónde y con quién vivir", al tiempo que impulsan un modelo de cuidados más cercano y adaptado a las necesidades individuales.

La financiación, una pieza clave para que la reforma sea efectiva

La ONG también valora positivamente que la aprobación de la reforma haya venido acompañada del Real Decreto destinado a reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A su juicio, este incremento de recursos resulta imprescindible para que las modificaciones legales puedan traducirse en mejoras reales para la ciudadanía.

Desde la organización recuerdan que disponer de una nueva legislación no será suficiente si posteriormente no se acompaña de una financiación adecuada que permita desarrollar todas las medidas previstas.

En este sentido, Oxfam Intermón considera que los fondos anunciados deberán reflejarse en resultados concretos, entre ellos una reducción de las listas de espera, una mayor disponibilidad de servicios y una mejora de las prestaciones económicas destinadas a las personas dependientes y sus familias.

Pese a reconocer los aspectos positivos de la reforma, la organización considera que el texto continúa siendo insuficiente para garantizar unas condiciones laborales dignas a quienes desarrollan trabajos de cuidados, especialmente en el ámbito doméstico.

Según explica Oxfam Intermón, el fortalecimiento de la atención domiciliaria y comunitaria debe ir acompañado de medidas que impulsen la formalización del empleo, la profesionalización del sector y una mayor protección de los derechos laborales.

La ONG sostiene que ampliar el número de servicios disponibles no resolverá los problemas estructurales si continúan existiendo fórmulas de contratación que favorezcan la economía informal o mantengan situaciones de precariedad laboral. En este contexto, insiste en que unos cuidados de calidad solo pueden sostenerse sobre empleos dignos y con plenas garantías para las personas trabajadoras.

Reclaman una hoja de ruta para acabar con la precariedad

Uno de los aspectos que Oxfam Intermón considera insuficientes es la inclusión en la ley de dependencia del compromiso de elaborar un estudio sobre la contratación directa de trabajadoras de los cuidados por parte de las familias.

Para la organización, esta medida supone un paso adelante, pero resulta claramente limitada al no incorporar todavía cambios efectivos en materia de derechos laborales ni establecer mecanismos de financiación que permitan transformar la realidad del sector.

Ximena Medina sostiene que la elaboración de ese estudio constituye únicamente un punto de partida y reclama el desarrollo de una estrategia más amplia que garantice la formalización del empleo y el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras de cuidados.

A juicio de la ONG, resulta imprescindible definir una hoja de ruta que permita superar el modelo actual, caracterizado por elevados niveles de temporalidad, informalidad y precariedad.

Otro de los planteamientos defendidos por Oxfam Intermón es que las organizaciones que representan a las trabajadoras del hogar y de los cuidados participen activamente tanto en el diseño de las políticas públicas como en el desarrollo e implementación de la nueva legislación por la dependencia.

La entidad recuerda que lleva años colaborando con estos colectivos para avanzar hacia una equiparación efectiva de derechos laborales y para conseguir un mayor reconocimiento social de un trabajo que considera esencial para el funcionamiento de los hogares y del conjunto del sistema de cuidados.

La aplicación de la ley será el verdadero reto

Con la aprobación parlamentaria de la reforma comienza ahora una nueva etapa centrada en su aplicación práctica. Oxfam Intermón considera que la implementación será determinante para comprobar si las mejoras recogidas en la legislación llegan realmente a las personas beneficiarias.

En este sentido, la organización hace un llamamiento a las comunidades autónomas para que desarrollen las medidas previstas de forma efectiva, evitando restricciones que limiten su alcance y procurando que no aparezcan nuevas desigualdades territoriales en el acceso a los servicios y prestaciones.

Asimismo, la ONG asegura que seguirá realizando un seguimiento del proceso para garantizar que la tramitación definitiva de las leyes mantenga el nivel de protección aprobado y que las reformas se traduzcan en mejoras reales tanto para las personas en situación de dependencia como para quienes desempeñan labores de cuidados.

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