Pagar la deuda o garantizar la alimentación, el dilema de los gobiernos

Ante la crisis mundial de deuda, la elevada inflación -especialmente en los precios de los alimentos-, muchos países se enfrentan a la disyuntiva imposible de alimentar a la población o pagar el adeudo, señaló el relator especial sobre el derecho a la alimentación durante un diálogo interactivo que tuvo lugar este martes en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Michale Fakhri explicó que el uso de fondos públicos para garantizar que la población tenga acceso a una alimentación adecuada puede hacer que un gobierno se atrase en el pago de su déficit y se agraven con ello los choques financieros. En cambio, si se opta por pagar la deuda, se genera más hambre y malnutrición.

“Esto quiere decir que el actual sistema internacional de financiamiento obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación”, afirmó el experto en su informe más reciente.

Un dilema global: la deuda frente a la seguridad alimentaria

En muchos países, especialmente en aquellos con economías en desarrollo, los gobiernos enfrentan una difícil decisión: destinar recursos al pago de la deuda externa o invertir en políticas de seguridad alimentaria. La presión de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), obliga a priorizar el cumplimiento de obligaciones económicas, pero esto puede afectar directamente a la población más vulnerable, que sufre las consecuencias de la inflación y el desempleo.

El problema se ha agravado en los últimos años debido a crisis globales como la pandemia, los conflictos bélicos y el cambio climático, que han encarecido los alimentos básicos y reducido la capacidad de producción agrícola. En este contexto, algunos gobiernos han optado por renegociar su deuda, mientras que otros han aplicado recortes en programas sociales, generando un fuerte debate sobre las prioridades del gasto público.

El impacto en las poblaciones más vulnerables

Cuando los recursos estatales se destinan mayormente al pago de la deuda, los programas de ayuda alimentaria y subsidios a sectores en riesgo se ven afectados. Según datos de la FAO, más de 700 millones de personas en el mundo sufren hambre, y la falta de inversión en sistemas de producción sostenible y acceso a alimentos solo agrava esta cifra.

En América Latina, países como Argentina han tenido que recurrir a acuerdos con el FMI para evitar el colapso económico, mientras que en África subsahariana, varias naciones enfrentan una crisis humanitaria debido a la combinación de deudas impagables y sequías extremas. En estos escenarios, la falta de un equilibrio adecuado entre las finanzas y el bienestar social genera conflictos y protestas ciudadanas que exigen un cambio en las prioridades gubernamentales.

Posibles soluciones: políticas públicas y cooperación internacional

Para evitar que la deuda comprometa el derecho a la alimentación, algunos expertos proponen estrategias como la reestructuración de los pagos, la implementación de impuestos progresivos y la cooperación internacional para aliviar la carga de los países con mayores dificultades. Organismos como Naciones Unidas han impulsado iniciativas para garantizar que las naciones más endeudadas puedan seguir invirtiendo en seguridad alimentaria sin sufrir sanciones económicas.

Además, fomentar la autosuficiencia alimentaria a través de inversiones en agricultura sostenible y acceso a tecnología puede ser clave para reducir la dependencia externa y mejorar la estabilidad económica a largo plazo. En un mundo con desafíos crecientes, los gobiernos deben encontrar un balance entre el cumplimiento de sus compromisos financieros y la protección de los derechos básicos de la población.