Estas leyes reducirán los controles y estudios medioambientales para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos

La crisis energética provocada por el encarecimiento del gas en el contexto de la guerra en Ucrania ha dejado todavía más claro a la Unión Europea que debe incrementar la producción de energías renovables.

Todo son beneficios con estas energías, son limpias y contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la hará cada vez más independiente de países productores de energías fósiles como Rusia.

Ante este escenario, la Unión Europea está a punto de aprobar dos piezas legislativas -un reglamento y una directiva- que supondrán acelerar el proceso de autorización de parques eólicos y fotovoltaicos, acortando plazos y saltando procedimientos como consultas públicas con los afectados o estudios de impacto medioambiental para instalarlos en zonas protegidas dentro de la Red Natura.

Dos normas: una de urgencia con vigencia de un año y otra ordinaria a favor de parques eólicos y fotovoltaicos

De momento, parece que España se podrá quedar fuera de la primera y más inmediata pero si la negociación que todavía queda pendiente entre el Parlamento Europeo, Comisión y el Consejo de la UE no lo remedia, tendrá que aplicar la segunda. 

Defensores de la España despoblada y técnicos ambientales advierten de la barra libre para los megaproyectos en manos de fondos de inversión que pueden traer consigo estas dos normas.

La primera es un reglamento que los ministros de Energía aprobaron en noviembre 

De momento, esta norma para que la UE haga compras conjuntas de gas, se mantiene 'congelada' hasta que los Veintisiete no sean capaces de llegar a un acuerdo para limitar el precio del gas. 

Si los gobiernos llegan a un acuerdo se dará luz verde automática a una medida de emergencia según la cual los proyectos de renovables tendrán durante un año la consideración de "interés social prioritario", y por tanto estarán por encima de cualquier otro interés "individual", como podría ser, por ejemplo, el de los vecinos de un determinado municipio o el de empresas que, como ya ocurre en algunas ocasiones, se ven perjudicadas por la instalación de un proyecto renovable en la parcela de al lado. 

Cuando se apruebe, se introducirá en la UE la "presunción de que los proyectos de energía renovable son de interés social prioritario para efectos de la legislación medioambiental" por un tiempo acotado a doce meses, que podría llevarse por delante los procesos de consulta pública, de presentación de alegaciones por las partes interesadas o incluso evaluaciones ambientales porque lo tiempos de autorización también se acortarán hasta un máximo de seis meses, que en la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental no se consideran "realistas".

"El reglamento viene a decir que se ha de mantener la protección de la biodiversidad pero que cada Estado miembro debe valorar si se lo puede saltar o no", resumió hace unos días la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no ocultó su disconformidad con este planteamiento al que solo le falta el trámite de acordar el límite al precio del gas para ver la luz. "Creemos que hay espacio para la participación y que no debería poderse contar con un sistema así", añadió.

La segunda será una vía rápida y extraordinaria para autorizar proyectos de renovables

Y será de un año porque es el plazo en el que la Comisión Europea espera que esté aprobada y traspuesta a los Estados miembros otra pieza legislativa, una directiva que pasó el trámite en el Parlamento Europeo para acortar plazos de autorización y levantar ciertas garantías medioambientales. Para su aprobación ya solo queda la negociación entre Parlamento y Estados miembros que está prevista para el mes de enero. Entonces, fuentes parlamentarias indican que se verá si se introduce una modificación para que los gobiernos decidan quedarse fuera, algo que en estos momentos no se contempla.

Esta directiva -una ley de la UE que deben trasponer después todos los países también en un plazo acelerado, de un mes- parte de la preocupación de la Comisión, quien la propuso, por la existencia de "barreras" que pueden prolongar "hasta diez años" la autorización de un parque solar o eólico. Entre los "obstáculos clave", cita "procedimientos administrativos largos y duraderos", "falta de apoyo" y "oposición" a estos proyectos por parte de "instituciones públicas y privadas o del público mismo" y falta de conexiones a la red y procedimientos operativos.

¿Dónde se ubicarán los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos?

En el caso de España, lo previsible es que las zonas de aceleración de renovables se ubicarán donde coincida que hay más recurso -es decir, viento o sol-, menos protección ambiental, conexiones e infraestructuras y menos daños a las poblaciones.