Los peores desastres ecológicos en España han supuesto 2.138 millones de euros al Estado

Han pasado ya 19 años de esa llamada por radio. Eran pasadas las tres de la tarde, cuando un barco con bandera de Bahamas pidió socorro frente a la Costa da Morte. Han pasado ya 19 años desde que un golpe le abriera una brecha en el casco a ese viejo armador. Un casco que custodiaba 77.000 toneladas de petróleo que se filtraban, sin descanso, a las costas gallegas. Era un miércoles 13 de noviembre del año 2002 cuando comenzó el mayor desastre ecológico de la historia de España.

El Prestige tardó seis días en hundirse. Lo hizo a más de 200 kilómetros del litoral por decisión del Gobierno —en manos del PP—, que prefirió esa opción a tratar de evacuar el fuel en un puerto seguro. La Fiscalía cifró en más de 4.300 millones de euros las pérdidas.

Han pasado ya 19 años y nadie ha pagado, ni judicialmente ni económicamente, las consecuencias de ese desastre. Nadie ha cobrado indemnizaciones. Se contaminaron 2.000 kilómetros de costa gallega, se prohibió la pesca durante meses, se guardaron los barcos. Pero se soltaron amarras para ayudar a recoger con cubos, bolsas y palas, con las manos el chapapote que se pegaba en las playas y mareas. Miles de voluntarios trataban de quitar el fuel que se incrustaba en rocas, arenas y animales. Iban vestidos de blanco para luchar contra el negro. Y gritaban, a veces sin gritar, que Nunca Máis.

Cinco de las principales catástrofes han supuesto 2.138 millones de euros al Estado, de los que solo ha recuperado 176, el 8 % del total.

El Prestige, el incendio de Valencia de 2012 y los vertidos tóxicos en Doñana, la bahía de Portmán y el embalse de Flix, los peores desastres ecológicos de España

Esas imágenes grabadas en la retina de casi todos los españoles han supuesto daños ambientales cuya reparación han costado miles de millones al Estado. Sobre el papel, la Unión Europea aplica el principio de “quien contamina paga”, que convierte a las compañías que provocan desastres ecológicos en responsables, por lo que deben repararlos y sufragar los costes relacionados.

Sin embargo, un análisis de EL PAÍS - con información de Manuel Planelles y Esther Sánchez - de la situación de estas cinco grandes catástrofes ecológicas ocurridas en España, muestra que esos desastres han costado 2.138 millones de euros al erario público, mientras que empresas y aseguradoras tan solo han pagado una pequeña parte a la sociedad: 176 millones, el 8 % del total. Además, seguir el rastro del dinero es complejo por la maraña de administraciones implicadas, cuyos departamentos van cambiando de nombre y competencias con los años.

La ley de quien contamina paga, por ahora ha sido de difícil aplicación. El legislador ha ido retrasando el seguro obligatorio, lo que se une a una legislación compleja que puede ser un coladero. Eso hace que los desastres ecológicos se acaben socializando, que lo paguemos entre todos. Y eso es injusto y contrario a la Constitución y los protocolos internacionales.

Prestige: 1.573 millones

Se vertieron unas 63.200 toneladas de hidrocarburos, que mancharon las costas de Galicia y de gran parte del Cantábrico, llegando hasta Francia y Portugal. En el barco quedaron otras 13.700 toneladas, que España extrajo en 2004.

Los trabajos para limpiar el mar y toda la costa se prolongaron durante años, aunque en la actualidad se encuentran recuperados en su mayor parte. 

Aunque la Fiscalía llegó a decir en 2013 que las pérdidas por la catástrofe alcanzarían los 4.328 millones “a medio plazo”, el Tribunal Supremo reconoció, en diciembre de 2018, que España tenía derecho a una indemnización de 1.573 millones por el vertido. Sin embargo, gran parte de esa cantidad no se va a recuperar.

Por ahora, los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, una organización intergubernamental que ayuda a sufragar la reparación del impacto de este tipo de siniestros, han pagado 142,1 millones al Estado, informa un portavoz del organismo. Mientras, la aseguradora del buque, London P&I Club, depositó en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

En cualquier caso, dos décadas después la cantidad recuperada sigue siendo mínima.

Doñana: 240 millones

El 25 de abril de 1998 se rompió la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Por la brecha de 50 metros de la balsa salieron seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas que corrieron por el cauce de los ríos Agrio y Guadiamar.

La fuga tóxica afectó a 4.634 hectáreas repartidas por nueve municipios de la provincia de Sevilla y se quedó a las puertas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía y el entonces Ministerio de Medio Ambiente —hoy Transición Ecológica— invirtieron unos 240 millones de euros en tareas de retirada de lodos, descontaminación y restauración de los más de 40 kilómetros del cauce del Guadiamar situados entre la mina y el entorno de Doñana, donde se frenó la avenida.

El Gobierno andaluz reclama a la minera Boliden Apirsa, filial de la multinacional sueca Boliden, 89 millones de euros por la limpieza de la zona, mientras que el Gobierno central le exige los 43,7 millones de la sanción que le impuso tras el desastre y que ha sido ratificada por el Supremo. En total, 132,7 millones. Sin embargo, 23 años después, Boliden no ha pagado ni un euro.

Embalse de Flix: 220 millones

Como consecuencia de su actividad industrial, la empresa química Ercros (antes Erkimia), que funciona desde 1897, vertió a lo largo de más de un siglo 800.000 metros cúbicos de lodos tóxicos y radioactivos en el embalse de Flix (Tarragona), situado en el Ebro, según datos de la sociedad estatal Acuamed.

Fuentes de la compañía rechazan que todos los lodos procedan de su actividad, ya que pueden deberse, dicen, a otras empresas. Un informe de Greenpeace muestra que las aguas contenían contaminación radioactiva por uranio-238 y radio-226, además de metales pesados como el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo… Estos elevados índices de contaminación afectan casi a un millón de personas a las que abastece el Ebro en este tramo.

Ya han finalizado las labores principales de descontaminación, si bien el proceso se ha alargado mucho más de lo previsto. Acuamed está ejecutando las últimas actuaciones que estaban pendientes destinadas al reintegro parcial y acondicionamiento del agua del recinto. La previsión es que a lo largo de este año pueda finalizar la obra. El ministerio desconoce si la empresa pagó alguna cantidad, mientras la Generalitat de Catalunya tampoco tiene datos.

En cualquier caso, el fallo declara a Ercros responsable civil subsidiaria del saneamiento de las riberas y fangos del río Ebro por los vertidos realizados entre el 15 de septiembre de 1988 y el 28 de agosto de 1993. El acuerdo obligó a la empresa química a pagar a Acuamed 11,3 millones de euros como indemnización (el 5 % del coste total). El resto, como siempre, lo paga el Estado.

Bahía de Portmán: 90 millones

La mina Peñarroya, situada en La Unión (Murcia) y que contaba con una concesión administrativa del Gobierno del dictador Francisco Franco, tiró directamente al mar 60 millones de toneladas de residuos durante 33 años, de 1957 a 1991. Era un lodo que salía de una tubería y que contenía los reactivos utilizados para sacar el metal, mezclados con restos de plomo, zinc, cadmio... Cada cierto tiempo la mina, que producía plomo, plata y pirita, cambiaba el chorro de sitio porque ya no había mar, que se iba anegando entre vertidos.

Así se sepultó la bahía de Portmán, que tenía forma de concha, como la playa de San Sebastián. La línea de playa avanzó 600 metros y los vertidos llegaron hasta 12 kilómetros mar adentro.

Xavier Pastor, que a finales de los ochenta era director de Greenpeace España, explica que la ONG taponó la tubería en 1986 y puso una querella por delito ecológico contra la minera, que salió absuelta. La empresa fue comprada por Portmán Golf, que cortó los vertidos en 1991.

La recuperación de este entorno todavía sigue pendiente. Transición Ecológica —entonces Medio Ambiente— presentó un proyecto en 2005 donde cifraba la limpieza en 100 millones de euros, que luego se fueron reduciendo hasta los 32 millones. Más de 30 años después de la paralización seguimos con la misma historia. Esperamos que ahora sí se arregle. El Estado no va a recuperar ni un euro.

Incendio en el monte Dos Aguas (Valencia) en 2012: 15,4 millones de euros

Dos trabajadores de la empresa Energía Solar Levante S.L. que se encontraban el 28 de junio de 2012 colocando unas placas solares en una vivienda cercana a Cortes de Pallás (Valencia) provocaron con su negligencia el mayor incendio en una década en España.

El fuego afectó a Cortes de Pallás, Yátova, Macastre, Alborache, Millares, Dos Aguas y Andilla. Un coronel del Ejército falleció durante las labores de extinción, mientras que un piloto y su copiloto resultaron gravemente heridos.

El Gobierno valenciano gastó unos 760.000 euros en apagar el incendio, otros nueve millones de euros para ayudas a los afectados, y acaba de comprometer otros 5,67 millones en actuaciones de regeneración natural, saneamiento, implantación de núcleos de dispersión, mejora de accesos y puntos de agua para la fauna, etcétera. Esa regeneración se llevará a cabo a partir de ahora y en los próximos meses, tal y como informa la Generalitat Valenciana.

La sentencia judicial, emitida el pasado 16 de abril por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia, considera probado que se trató de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, por lo que condenó a los dos autores a 10 meses de cárcel y obligó a la empresa a pagar los daños ocasionados tanto a la Administración como a diferentes particulares (dado que fueron afectadas decenas de viviendas). La compañía tenía suscrita una póliza con Axa por un límite de 748.500 euros, que la aseguradora confirma que ya depositó en el juzgado. Sin embargo, de esos 748.500 euros a la Generalitat Valenciana tan solo le corresponden 80.963 euros, dado que el resto se reparte entre los demás perjudicados. Lo demás, como casi siempre, lo pagamos entre todos.

Estos son solo algunos ejemplos de los grandes desastres ecológicos provocados por el hombre en los últimos años, pero no son los únicos

Accidentes en plantas nucleares o desastres químicos son solo una pequeña muestra de lo peligrosas que pueden ser las acciones humanas. Sin ir más lejos, el "cambio climático", que está provocando problemas en las cosechas y que hace que miles de personas se vean afectadas e incluso pasen hambre. Y recuerda: tu ayuda es esencial para poder seguir avanzando. ¿Contamos contigo?

Para nosotros el cambio climático se ve acrecentado por grandes desastres como estos. Es la mayor amenaza para la lucha contra el hambre, porque afecta sobre todo a la población agrícola que ve cómo sus cosechas se vuelven más impredecibles.

El cambio climático ya no es solo una definición que leemos en los periódicos, sino un problema de todos los países. Las consecuencias de esta mutación global asustan y paralizan cuando nos tocan de cerca, pero la solución está en la acción. Conocer mejor las causas, los riesgos y las posibles salidas al cambio climático es nuestra responsabilidad como parte de la ciudadanía y como seres humanos.

Todos, hombres y mujeres, de cualquier edad y origen, podemos hacer algo, empezando por cambiar algunas acciones de nuestro día a día y transmitiendo valores como el respeto y el amor por el medio ambiente. ¿Qué puedes mejorar tú en tu rutina para luchar contra el cambio climático? ¡Cuéntanoslo!