El compromiso de las empresas con la contratación de personas con discapacidad

En España solamente el 25,8 % de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja, frente al 65,9 % de personas en edad laborar sin discapacidad, según el V Informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de Fundación ONCE de 2020.

¿Qué es La Ley General de Discapacidad?

La ley general de discapacidad tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el cual beneficia tanto a población con discapacidad en su integración en el mercado laboral como a las empresas a través de beneficios fiscales, si bien su contratación va mucho más allá, ya que supone la inclusión de diversidad de competencias y sirve asimismo como concienciación hacia la discapacidad en el seno de los trabajadores de una empresa, lo cual se puede potenciar a través de talleres de sensibilización.

Según la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 noviembre), aquellas empresas públicas y privadas que emplean a 50 o más trabajadores, están obligadas a que, al menos, el 2 % de éstos tengan certificado de discapacidad (porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%).

"El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos", explica el BOE en su norma.

También incide en que las administraciones públicas han de promover "las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida".

El espíritu de esta ley va en consonancia con la meta de Naciones Unidas de reducir desigualdades, tal y como establece en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para alcanzar un mundo más justo en su Agenda 2030.

Esta ley contempla varias excepciones

Una de las excepciones de esta ley es la imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado las gestiones de intermediación necesarias, según indica Portalento, portal de empleo y gestión del talento gestionado por Inserta Empleo (Fundación Once) para mejorar la formación y el empleo de trabajadores con discapacidad.

Otra de ellas es la acreditación, por parte de la empresa, de cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que indiquen especial dificultad para incorporar a trabajadores con discapacidad.

La excepcionalidad tiene una validez de tres años desde la resolución y la empresa podrá aplicar las medidas alternativas, entre las que se encuentran:

• Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes o para la prestación de servicios ajenos)
• Realización de donaciones y acciones de patrocinio
• Constitución de enclaves laborales

Bonificaciones por tipos de contrato

Portalento explica que todas las empresas que contraten trabajadores con discapacidad, incluidas las que no están obligadas por ley, pueden beneficiarse de ayudas en la contratación, que dependen del tipo de contrato que se realice. Los que ofrecen mayores ventajas son:

Por tiempo indefinido

En esta tipología la contratación de personas con discapacidad tiene unas bonificaciones/reducciones con respecto a la contratación general de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Dependiendo de si son mayores o menores de 45 años, del tipo de discapacidad, o del sexo de la persona contratada la cuantía de las bonificaciones variará, situándose entre los 4.500 y los 6.300 euros al año.

Temporal de fomento de empleo

La bonificación también variará dependiendo del tipo de discapacidad, la edad o el sexo de la persona contratada; oscila entre los 3.500 y los 5.300 euros al año.

Contratos a tiempo parcial

En el caso de las empresas que contraten personas con discapacidad a tiempo parcial, la bonificación dependerá del número de horas o jornada laboral que realicen. Partiendo de una deducción total del 100 % cuando la jornada laboral sea igual o superior a las tres cuartas partes de la jornada a tiempo completo, es de un 25 % cuando sea inferior al 25 % de la jornada a tiempo completo.

Por un centro especial de empleo

La bonificación económica en estos casos es del 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo, enfermedad profesional y cuotas de recaudación conjunta.

Accesibilidad y adaptación de puestos de trabajo

Las empresas que contrate a personas con discapacidad podrán beneficiarse de ayudas públicas para la adaptación de Puestos de Trabajo y/o Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Consistirán en una cantidad de hasta 901,52 € para las contrataciones indefinidas, transformaciones a indefinido, contratos formativos y de prácticas y contratos temporales con duración superior a 12 meses.

Prohibiciones de contratar con el sector público

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público refuerza la dimensión social e inclusiva de la contratación pública, la cual supone entre el 10 y el 20% del PIB español, tal y como explica Portalento.

De este modo, tendrán prohibido contratar con el sector público las empresas que no cumplan con la obligación de reservar puestos de trabajo para este colectivo establecida legalmente (2 % en compañías de 50 o más personas en plantilla). También se establecerá la obligación de reservar un porcentaje de contratos para su ejecución por Centros Especiales de Empleo.

Igualmente, la consideración de la inserción socio-laboral de los empleados con discapacidad será un criterio de adjudicación del contrato. La ley establece la obligación de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares al menos una condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.

Los convenios con empresas, un ejempo de colaboración entre compañías y tercer sector

La integración de trabajadores con discapacidad en las empresas también es posible gracias a los diferentes convenios que entidades sociales como Fundación ONCE tienen con las diferentes empresas del tejido empresarial. Es el caso, por ejemplo, de Repsol, que acaba de renovar por quinta vez consecutiva el Convenio Inserta que suscribieron los años 2006, 2010, 2013 y 2016 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 40 empleados con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando a un total de 600 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (POISES), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad, según recoge el portal Cadena de Valor.