Cermi, Amnistía Internacional y ONCE en alianza por la inclusión y protección de personas con discapacidad

Cermi, Fundación ONCE y Amnistía Internacional se unen para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Firmaron un convenio en Madrid, centrado en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente a nivel internacional.

Una colaboración centrada en las necesidades y derechos de las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Fundación ONCE y Amnistía Internacional han unido fuerzas en un convenio de colaboración para abordar las necesidades de las personas con discapacidad en relación con la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en el ámbito internacional. 

La firma del convenio tuvo lugar en la sede del Cermi Estatal en Madrid, durante la tarde del lunes. En el evento estuvieron presentes el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; el vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y el director general de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán Valdés. 

Estas tres organizaciones, Cermi, Fundación ONCE y Amnistía Internacional, se han unido con el objetivo de contribuir a garantizar los derechos humanos de este colectivo, en cumplimiento de los compromisos establecidos en las normas internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, han suscrito este convenio de colaboración. 

Desafíos y obstáculos de cara a la promoción de la inclusión y los derechos

Las personas con algún tipo de discapacidad a menudo enfrentan desafíos y obstáculos en el pleno ejercicio de sus derechos. A pesar de los avances en la promoción de la inclusión y la protección de sus derechos, aún existen fallos significativos en este ámbito. 

En muchos casos, estas personas se enfrentan a la discriminación y la exclusión social en diversas áreas de la vida, como el acceso a la educación, el empleo, la atención médica y los espacios públicos. También pueden experimentar dificultades para ejercer su derecho a la participación política y a la toma de decisiones que les afectan directamente. 

Además, a menudo se enfrentan a barreras físicas, comunicativas y de actitud que dificultan su plena participación en la sociedad. La falta de accesibilidad en entornos y servicios públicos, así como la estigmatización y los prejuicios, limitan sus oportunidades y su calidad de vida. 

Ante eso, es fundamental abordar estos fallos y trabajar en conjunto para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión. Esto requiere la implementación de políticas y medidas concretas que promuevan la accesibilidad, la no discriminación y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.

Es responsabilidad de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general tomar acciones para eliminar las barreras y garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir de manera digna e independiente. Solo a través de un enfoque inclusivo y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.