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La Unión Europea (UE) ha tomado una serie de medidas en los últimos años con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, un reciente informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo revela que los efectos de estas medidas aún no son evidentes. Este informe señala que, aunque se han registrado algunos avances en los indicadores clave de igualdad, estas mejoras han sido insuficientes. Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos, como la dificultad para encontrar empleo y la mayor vulnerabilidad a la pobreza.
Los desafíos persistentes para la discapacidad
A pesar de los esfuerzos de la UE, la situación de las personas con discapacidad continúa siendo problemática en varios aspectos. Uno de los desafíos más notables es la falta de armonización en los criterios de definición de discapacidad entre los diferentes países miembros de la UE. Esta disparidad en la definición de discapacidad dificulta el reconocimiento mutuo y socava los esfuerzos de la Comisión Europea para obtener una visión general coherente de la situación de las personas con discapacidad en toda la Unión.
Stef Blok, miembro del Tribunal de Cuentas responsable de la auditoría, enfatiza que, a pesar del compromiso declarado de la Comisión de ayudar a las personas con discapacidad a desempeñar un papel igualitario en la sociedad, las acciones de la UE han tenido un impacto práctico limitado. Este colectivo aún se enfrenta a desafíos significativos para encontrar empleo y luchar contra la pobreza, y deben superar obstáculos adicionales en su libertad de movimiento.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca la magnitud de este problema: aproximadamente un cuarto de los ciudadanos de la UE mayores de dieciséis años, alrededor de 87 millones de personas, han declarado tener alguna forma de discapacidad, ya sea física o intelectual. A medida que la población de la UE envejece, es probable que esta proporción y el número de personas con discapacidad aumenten. En 2021, según datos de Eurostat, solo el 51 % de las personas con discapacidad tenían empleo, en comparación con el 75 % de las personas sin discapacidad.
Además de la brecha en el empleo, las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de pobreza, especialmente las mujeres. La pandemia de COVID-19 agravó aún más la situación de estas personas. El Tribunal de Cuentas Europeo identificó varias áreas problemáticas que requieren una atención inmediata.
Las limitaciones de la legislación y la coordinación de la UE
El informe también pone de relieve las limitaciones en la legislación pertinente de la UE y la falta de coordinación efectiva entre los Estados miembros. A pesar de las estrategias y propuestas de la UE para abordar la discapacidad en toda la Unión, la legislación relevante ha experimentado un estancamiento. El Tribunal señala la Directiva sobre igualdad de trato de la UE y la lentitud de los Estados miembros para incorporar la Ley europea de accesibilidad a la legislación nacional como ejemplos de este problema.
Además, el informe sugiere que el vínculo entre la financiación de la UE y el apoyo a las personas con discapacidad sigue siendo débil. La Comisión no supervisa de manera efectiva cuánto dinero de la UE se destina realmente a apoyar a las personas con discapacidad, lo que dificulta la evaluación del impacto de esta financiación en la mejora de la situación de las personas con discapacidad en la UE.
Falta de datos en las instituciones de la UE
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo también destaca la falta de datos sobre la inclusión de personas de esta colectivo en las instituciones de la UE. Debido a esta falta de información, no se ha podido evaluar si estas instituciones han alcanzado sus objetivos en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas.
Los auditores recomiendan que las instituciones de la UE recopilen los datos necesarios y proporcionen informes sobre los progresos realizados en este sentido.
La Estrategia 2021-2030 de la Comisión Europea
La Comisión Europea adoptó la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 en marzo de 2021. Esta estrategia decenal tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad en Europa y en todo el mundo. Aunque se basa en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, esta nueva estrategia aborda deficiencias anteriores y propone una serie de iniciativas "sin precedentes" de inclusión.
La estrategia se centra en áreas clave, como la desinstitucionalización, la protección social, la no discriminación en el empleo y la igualdad de participación en la sociedad. Su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad tengan la capacidad de circular y vivir libremente, participar en la vida democrática y disfrutar de una calidad de vida digna e independiente.
La estrategia busca abordar la discriminación y la violencia contra las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de oportunidades en sectores como la justicia, la educación, la cultura, el deporte, el turismo y el acceso a servicios de salud.
Un camino por recorrer para la igualdad de personas con discapacidad en la UE
A pesar de los esfuerzos de la UE y las propuestas prometedoras, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo pone de manifiesto que la lucha por la igualdad de personas con discapacidad en la Unión Europea está lejos de completarse. La falta de armonización en la definición de discapacidad, las limitaciones en la legislación, la falta de datos y otros obstáculos siguen siendo desafíos cruciales que deben abordarse para mejorar efectivamente la vida de las personas con discapacidad en toda la UE.
La promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras en la sociedad siguen siendo objetivos fundamentales que requieren un compromiso continuo y una acción coordinada.
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