Las personas con discapacidad en las cárceles apenas llegan al 2 % de la población reclusa

En las cárceles españolas, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cognitivo representan solo entre el 1 % y 2 % de la población reclusa. Por lo general, cometen delitos menores, a diferencia de casos como el reciente crimen en Mocejón (Toledo). Sonia Bermejo, coordinadora del Programa del Facilitador Procesal de Plena inclusión España, señaló que las personas con discapacidad suelen vivir en entornos desfavorecidos y son más vulnerables a la delincuencia.

Las personas con discapacidad intelectual constituyen entre el 1 y el 2 por ciento en las celdas

En las prisiones españolas, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cognitivo constituyen solo entre el 1 % y el 2 % del total de reclusos. Por lo general, cometen delitos menores, a diferencia de situaciones extremas como el reciente caso en Mocejón (Toledo).

Sonia Bermejo, coordinadora del Programa del Facilitador Procesal de Plena inclusión España, explicó que estas personas, al vivir en entornos desfavorecidos, son más susceptibles a involucrarse en actividades delictivas. No obstante, la discapacidad intelectual varía mucho, y aquellos en instituciones rara vez cometen delitos graves.

Bermejo, con más de 20 años de experiencia asistiendo a reclusos con problemas cognitivos, afirmó que casos como el de Mocejón son muy raros. Según ella, solo ha tenido un caso similar en todo su tiempo de trabajo.

En aquel momento, la figura del facilitador procesal aún no estaba establecida. Por lo tanto, Sonia Bermejo tuvo que desempeñar el papel de testigo perito en el caso. Como psicóloga especializada, se encargó de elaborar un informe detallado sobre la discapacidad del individuo en cuestión.

Este informe incluía una evaluación exhaustiva del estado cognitivo y funcional de la persona, con el objetivo de asegurar que el tribunal comprendiera adecuadamente las necesidades y limitaciones del individuo debido a su discapacidad.

Bermejo subrayó la importancia de remitir a los reclusos con alto grado de discapacidad a centros especializados, una opción prevista en el reglamento penitenciario dentro de la legislación correspondiente.

Un enfoque preventivo en la intervención penitenciaria

Plena inclusión, una red de 950 entidades en toda España, brinda apoyo a 1.431 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en tres áreas clave: prevención, apoyo a reclusos y asistencia a exreclusos. Sonia Bermejo subrayó que el éxito radica en la intervención preventiva, trabajando con individuos en riesgo antes de que enfrenten problemas legales.

Aunque solo el 1 % de los reclusos tiene algún tipo de discapacidad intelectual o problema cognitivo, Bermejo destacó que estos casos a menudo no se detectan en las etapas iniciales del proceso judicial, como suele ocurrir durante las declaraciones policiales.

Esta situación puede llevar a que personas con discapacidad, que podrían haber sido identificadas y apoyadas antes, terminen en prisión sin haber recibido la evaluación necesaria.

Por último, un informe de Plena inclusión revela que solo el 51 % de las personas con discapacidad intelectual en prisión tienen un certificado que lo acredite, indicando que muchos han pasado desapercibidos por los sistemas de protección y apoyo, como los servicios sanitarios, educativos y sociales.