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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este martes la necesidad de que la Unión Europea refuerce su apoyo económico al sector agrario, en especial a los agricultores afectados por el incremento del coste de los fertilizantes, una situación agravada por la inestabilidad geopolítica internacional y, especialmente, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio.
Durante la reunión por videoconferencia de los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, el titular del departamento trasladó a los representantes autonómicos la posición que España defenderá en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que se celebrará en Luxemburgo.
El ministro valoró positivamente que la Comisión Europea haya planteado medidas para aliviar la presión sobre el sector agrario, pero consideró insuficiente la propuesta presentada al no contemplar una dotación presupuestaria específica para afrontar el problema. En este sentido, calificó de “poco serio” impulsar un plan de apoyo sin asignar recursos económicos acordes a la magnitud de las dificultades que atraviesan los productores europeos.
Críticas desde el sector agrario al uso de la PAC como mecanismo de financiación
Uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno español es la fórmula elegida por Bruselas para poner en marcha las ayudas. Según explicó Planas, la Comisión propone canalizar estas medidas mediante modificaciones en los planes estratégicos nacionales de la Política Agraria Común (PAC), una vía que considera excesivamente burocrática y lenta.
El ministro señaló que este procedimiento presenta una rigidez administrativa que dificulta una respuesta rápida ante una situación que requiere actuaciones urgentes.
A juicio del Ejecutivo, en el sector agrario necesitan soluciones inmediatas para afrontar el incremento de costes de producción, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas y energía.
España sostiene que cualquier mecanismo de apoyo debe ser ágil y permitir que los fondos lleguen a los productores en plazos compatibles con las necesidades reales del campo.
Durante su intervención, Planas recordó que España fue uno de los primeros Estados miembros en reaccionar ante el encarecimiento de los fertilizantes mediante la aprobación de un paquete extraordinario de ayudas por valor de 500 millones de euros.
Estas medidas tuvieron como objetivo compensar parte del sobrecoste soportado por el sector agrario y ganadero debido al aumento de los precios de los insumos agrarios, un fenómeno que ha impactado directamente sobre la rentabilidad de las explotaciones.
Asimismo, el ministro agradeció la disposición mostrada por algunas comunidades autónomas para complementar con fondos propios las ayudas estatales, reforzando así el respaldo al sector primario en un momento especialmente complejo.
España pide que las ayudas cubran el 100 % de los costes adicionales
Entre las principales reivindicaciones que el Gobierno trasladará a las instituciones comunitarias figura la ampliación de la cobertura de las ayudas públicas para el sector agrario.
La propuesta actual de la Comisión Europea contempla que las subvenciones cubran entre el 50 % y el 80 % de los costes adicionales derivados del encarecimiento de los fertilizantes. Sin embargo, España considera que el apoyo debe alcanzar el 100 % de esos sobrecostes para garantizar una compensación efectiva a los agricultores.
Además, el Ejecutivo solicita un incremento de la tasa de cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con el objetivo de facilitar la movilización de más recursos comunitarios.
Otra de las discrepancias se refiere al límite previsto para la financiación nacional complementaria. La Comisión plantea que las aportaciones de los Estados miembros no puedan superar el 200 % de las ayudas europeas, una restricción que España rechaza por entender que reduce la capacidad de respuesta de los gobiernos nacionales.
La pesca mediterránea, una de las prioridades en las negociaciones de 2027
En el ámbito pesquero, Planas avanzó también las líneas de actuación que España defenderá durante las próximas negociaciones sobre las posibilidades de pesca para 2027.
El ministro insistió en que cualquier decisión relacionada con la gestión de los recursos marinos debe apoyarse en la evidencia científica más reciente y considerar, además de los criterios ambientales, las consecuencias económicas y sociales que puedan derivarse para las comunidades pesqueras.
En este contexto, fue especialmente contundente al rechazar nuevos recortes del esfuerzo pesquero, una cuestión que afecta de forma directa a la flota mediterránea española.
“No podemos aceptar más reducciones de esfuerzo”, señaló el ministro, quien defendió mantener la estrategia basada en la mejora de la selectividad de las artes de pesca y en la aplicación de medidas compensatorias para los profesionales del sector.
Hacia una Política Pesquera Común con mayor equilibrio social y económico
Por último, el responsable de Agricultura y Pesca se refirió al proceso de evaluación de la Política Pesquera Común de la Unión Europea.
Según explicó, los avances logrados durante los últimos años en materia de sostenibilidad ambiental son evidentes, pero considera que el futuro marco regulatorio debe prestar una atención mucho mayor a los aspectos económicos y sociales.
Para España, el reto pasa por encontrar un equilibrio real entre la conservación de los recursos pesqueros y la viabilidad económica de las empresas y trabajadores que dependen de esta actividad. El objetivo es garantizar que las medidas de protección de las especies puedan convivir con una pesca rentable, capaz de generar empleo y mantener el tejido productivo de numerosas zonas costeras europeas.
Con esta posición, el Gobierno español afrontará las próximas negociaciones comunitarias, defendiendo tanto una mayor capacidad de apoyo al sector agrario frente al aumento de costes como una política pesquera que combine sostenibilidad, competitividad y cohesión social.
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