Una de cada diez personas que llega a España en busca de protección internacional lo hace por haber sufrido persecución debido a su orientación sexual o a su identidad de género.
La normativa europea recoge una serie de límites para mantener una calidad del aire adecuada. Sin embargo, ciudades como Madrid o Barcelona las han incumplido y España ha sido condenada por ello.
Se ha estado trabajando en la renovación de la Ley de Universidades, con la introducción de una enmienda en la que se exigirá que los Colegios Mayores privados no segreguen la estadía por sexos.
