El PP pide al Congreso volver a penalizar los referéndums ilegales

El Grupo Parlamentario Popular (PP) registró este martes ante la Mesa del Congreso de los Diputados una nueva proposición de ley. En ella pide volver a penalizar los referéndums ilegales y castigar con penas de prisión e inhabilitación a quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten “consultas sin cobertura legal”.

El escrito del PP en la Cámara Baja, está rubricado por Cayetana Álvarez de Toledo y otros 14 diputados más. Proponen recuperar el tipo penal que prohíbe la convocatoria de referéndums ilegales.

De esta forma, explica el PP, se quiere “reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas”. Además, el partido de Pablo Casado recuerda que hace casi quince años otro Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguz Zapatero, despenalizó dichos comportamientos.

El Gobierno de Zapatero despenalizó estos comportamientos

Según el Grupo Parlamentario Popular, los acontecimientos ocurridos en Cataluña, “con conductas como usurpación de atribuciones o participación en consultas ilegales”, merecen un “reproche penal para cumplir con el respeto a la Constitución española, como el propio Pedro Sánchez prometió en la última campaña electoral”.

El PP propone que la autoridad o funcionario público que convoque o autorice una convocatoria de “elecciones generales, autonómicas o locales, o consultas populares por vía de referéndum” reciba un castigo. Por ello, piden pagar con “la pena de prisión de tres a cinco años, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

El PP quiere “reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas”

En segundo lugar, pide la modificación del Código Penal para que la autoridad o funcionario público que facilite, promueva o asegure el proceso de las citadas convocatorias declaradas ilegales pague con la “pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

Finalmente, la iniciativa aboga por que sean “castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” quienes participen como interventores, faciliten, promuevan o aseguren la realización de “un proceso de consulta sin cobertura legal” una vez acordada la ilegalidad del proceso.