¿Se puede cobrar la prestación por desempleo del SEPE tras una baja voluntaria?

Abandonar un trabajo de forma voluntaria significa no poder recibir una prestación por desempleo, ya que para poder percibirla es necesario que la baja se haya producido de forma involuntaria.

Es la forma que tiene el Gobierno de proteger a aquellas personas trabajadoras que no tengan empleo y que quieran y puedan trabajar.

Cobrar la prestación por desempleo tras una baja voluntaria

"Si posteriormente trabaja en una nueva empresa y le cesan por no superar el periodo de prueba por decisión del empresario o la empresaria, y no han transcurrido más de tres meses desde que cesó voluntariamente en la empresa anterior, tampoco tendrá derecho a una prestación por desempleo", explica el SEPE.

No obstante, según recuerda tododisca, en caso de incorporarse a un nuevo trabajo u este contrato termina al no superar el periodo de prueba por decisión de la empresa, pero han pasado más de tres meses desde la baja voluntaria, el trabajador sí tendría derecho a una prestación por desempleo, además de cumplir con el resto de requisitos para optar a una prestación de este tipo.

Según recuerda el portal tododisca, el SEPE suele realizar un análisis de cada caso en particular para comprobar si hubo presunción de fraude de ley en la última contratación, en caso de que se pretenda acceder a la prestación por desempleo de forma indebida.

Requisitos para acceder a la prestación

Para acceder a la prestación por desempleo hay que cumplir varios requisitos establecidos por ley. Los más importantes son:

• Estar afiliado y en situación de alta o asimilada de alta en un régimen de la Seguridad Social que incluya la contingencia por desempleo.
• Estar en una situación legal de desempleo.
• Hallarse disponible para buscar activamente empleo y suscribir el compromiso de actividad.
• Estar inscrito como demandante de empleo durante todo el periodo que dura la percepción de la prestación.
• Haber cotizado al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que terminó la obligación de cotizar.
• No cobrar pensión de la Seguridad Social incompatible con un trabajo.
• No haber cumplido la edad ordinaria para la jubilación. En España ha estado fijada tradicionalmente en los 65 años. Tras la reforma legislativa que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, la edad se incrementa de manera paulatina hasta 2027, cuando la edad de jubilación será a los 67 años.

En definitiva, para poder percibir una prestación por desempleo la baja del trabajador ha de ser involuntaria.

El sistema público de pensiones, un bastión de la sociedad que preocupa a casi todos los españoles y que hay que proteger

El sistema de pensiones genera inquietud al 96 % de los españoles, incluso para los que tienen un plan privado, según un estudio de ING publicado a finales de 2020. Esta preocupación es mayor en la generación de los ‘baby boomers’ (nacidos entre 1946 y 1965), con un 82 %, que en la ‘generación X’ (1969-1980), con un 77 %, o la de los ‘millenials’ (1981-1996), con un 65 %.

Debido a que la tasa de natalidad decrece en España, el Gobierno aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años de forma exponencial para equilibrar a futuro el sistema de pensiones, que da cobertura actualmente a casi 10 millones de personas. El gasto total de pensiones en España fue de 10.217,16 millones de euros en agosto de 2021, según EPData, cifra con tendencia al alza (subió un 3,16 % respecto al agosto de 2020).

A pesar de que las diferentes crisis que vienen lastrando la economía durante las últimas décadas incrementan la preocupación entre la población sobre la estabilidad y el futuro de su jubilación, parece que los bloques políticos están de acuerdo de momento en que las pensiones son un asunto intocable que además hay que mejorar exponencialmente para que sean competitivas respecto a las subidas de precios. No obstante, es importante mantener un tono de unidad y firme frente a las políticas que amenazan con recortar gastos sociales y servicios públicos.