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El Pleno del Congreso de los Diputados acogerá este viernes una votación decisiva para el futuro del mercado inmobiliario. Si la Cámara Baja valida el nuevo Real Decreto Ley aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, cerca de cinco millones de ciudadanos podrán acogerse a una extensión extraordinaria de sus arrendamientos. La norma proyecta conceder una prórroga de hasta dos años a aquellos contratos de alquileres que tengan fijada su fecha de vencimiento antes del año 2029, ofreciendo mayor estabilidad residencial a las familias.
Las estimaciones elaboradas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento al frente de Pablo Bustinduy, calculan que la medida afectará directamente a un total de 1,89 millones de acuerdos de arrendamiento en todo el país. En concreto, el desglose temporal prevé la ampliación de 751.166 contratos que expiran durante 2026, así como 809.899 que vencen en 2027 y otros 334.611 previstos para 2028. Tomando como referencia la media de 2,5 habitantes por hogar que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), el impacto social de la medida alcanzará a casi cinco millones de personas.
Impacto geográfico y reparto territorial en el mercado de los alquileres
El informe técnico elaborado por el departamento de Consumo evidencia una fuerte concentración del impacto en los grandes núcleos urbanos. Tres comunidades autónomas aglutinarán prácticamente la mitad de los contratos beneficiados por la prórroga: la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 402.082 contratos prorrogables, seguida muy de cerca por Cataluña con 339.088 y la Comunidad Valenciana con 224.372 arrendamientos garantizados por dos ejercicios más.
En el resto del mapa nacional, Andalucía registrará 263.222 prorrogar de contratos, mientras que el archipiélago balear alcanzará las 108.252 familias protegidas. Por su parte, la Región de Murcia contabiliza 46.819 contratos; Aragón, 64.272; Castilla-La Mancha, 65.797; y Asturias, 41.917. En la franja noroeste, Galicia sumará 111.175 acuerdos ampliables, mientras que Extremadura alcanzará 30.630, Cantabria y Castilla y León registrarán 21.180 cada una, y La Rioja cerrará el cómputo territorial con 12.721 intervenciones en alquileres vigentes.
Radiografía provincial de los arrendamientos prorrogables
El análisis pormenorizado por provincias refleja la alta tensión que soporta la demanda de vivienda en los principales polos económicos. En el ámbito catalán, Barcelona lidera con holgura al contabilizar 248.053 contratos prorrogables, acompañada por Tarragona (37.470), Girona (34.864) y Lleida (18.701). En el área valenciana, Valencia concentrará 120.523 prórrogas de alquileres, mientras que Alicante registrará 76.705 y Castellón 27.144 contratos ampliados.
En el sur peninsular, Sevilla se sitúa al frente del registro andaluz con 54.866 contratos, seguida por Granada (40.069), Cádiz (35.757), Almería (20.876), Córdoba (15.745), Huelva (11.359) y Jaén (10.500). En las Islas Canarias, Las Palmas sumará 61.027 beneficiarios por 47.225 en Santa Cruz de Tenerife. Respecto a la franja aragonesa, Zaragoza acaparará 47.665 del total regional, frente a Huesca (11.467) y Teruel (5.140).
En Castilla-La Mancha, Toledo encabezará el registro provincial con 24.708 contratos de alquileres, seguida por Albacete (12.269), Ciudad Real (11.071), Guadalajara (11.053) y Cuenca (6.696). En el territorio castellano y leonés, Valladolid (21.860) y Salamanca (17.018) registran la mayor demanda de prórrogas, por delante de León (14.542), Burgos (14.498), Zamora (6.084), Segovia (5.986), Ávila (5.790), Palencia (5.295) y Soria (3.921). Finalmente, en Extremadura, la provincia de Badajoz registrará 17.900 contratos frente a los 12.730 previstos en Cáceres.
Un pleno decisivo para la estabilidad del mercado residencial
La convalidación del Real Decreto en el pleno extraordinario de la Cámara Baja fijará el marco regulatorio del mercado inmobiliario para los próximos años. De salir adelante, la extensión temporal de dos años adicionales pretende otorgar certidumbre y margen de negociación a los arrendatarios frente a las tensiones de precios registradas en la oferta privada.
La adopción de este mecanismo extraordinario busca evitar el vencimiento masivo de contratos en un contexto de escasez de oferta accesible. De esta manera, el Ejecutivo confía en respaldar la estabilidad habitacional de los casi cinco millones de beneficiarios potenciales distribuidos por toda la geografía española en sus contratos de alquileres.
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