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El trasfondo jurídico que ha culminado en el desahucio de Maricarmen —la anciana de 87 años desalojada en el centro de Madrid— no responde únicamente a la coyuntura del mercado inmobiliario actual, sino a una cadena de reformas legislativas históricas. Según analiza el diario 20minutos, dos decretos y reformas clave aprobados bajo gobiernos del PSOE sentaron las bases para extinguir de forma progresiva la protección blindada de los contratos de «renta antigua», abriendo la puerta a la expulsión de inquilinos de avanzada edad cuando cambian las condiciones del arrendamiento.
El Decreto Boyer de 1985: la supresión de la prórroga obligatoria y el giro hacia el mercado libre
La primera gran transformación del modelo de alquiler en España se produjo bajo la vicepresidencia de Miguel Boyer en el Gobierno de Felipe González:
- Fin de la prórroga obligatoria indefinida: El Real Decreto-ley 2/1985 (conocido como Decreto Boyer) eliminó la prórroga forzosa en los nuevos contratos de arrendamiento, permitiendo a los propietarios pactar plazos de duración determinados sin estar obligados a renovar indefinidamente al inquilino.
- Liberalización del mercado de arrendamientos: La norma buscaba incentivar a los propietarios a poner viviendas en alquiler mediante la libertad de pactos, pero a costa de desmontar el blindaje social del que gozaban las rentas fijadas bajo la legislación previa de 1964.
- Segmentación del parque de inquilinos: Se creó una brecha estructural entre los contratos de renta antigua firmados antes de 1985 (altamente protegidos) y los posteriores, expuestos a la finalización del plazo de arrendamiento y al incremento continuado de precios.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994: caducidad y límite a las subrogaciones familiares
La segunda reforma decisiva sobre los contratos de renta antigua llegó con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que fijó una fecha de caducidad progresiva para los contratos antiguos:
- Acotación de la subrogación por fallecimiento: La LAU de 1994 estableció un régimen transitorio que limitaba drásticamente la capacidad de los familiares de subrogarse en el contrato de renta antigua tras la muerte o cambio de estatus del titular original.
- Extinción paulatina de los contratos protegidos: Salvo excepciones muy tasadas para cónyuges o descendientes convivientes bajo estrictos topes de ingresos, la ley fijó el fin del contrato o su actualización a precios de mercado tras la primera o segunda subrogación.
- El origen de la desprotección de Maricarmen: Estas limitaciones impidieron que inquilinos en segunda o tercera generación de convivencia pudiesen mantener de forma vitalicia el precio y la prórroga que amortiguaba su situación frente a la especulación inmobiliaria.
Las contradicciones entre el legado normativo de contratos de alquiler por renta antigua y las medidas de emergencia actuales
La radiografía legislativa pone de relieve la tensión histórica entre las políticas de liberalización y el derecho a la vivienda:
- Erosión del escudo social histórico: La combinación del Decreto Boyer y la LAU de 1994 desmanteló el modelo de alquiler social de baja renta que protegía a miles de familias de rentas modestas en los cascos urbanos.
- Dependencia de parches coyunturales: Décadas después de la liberalización, los gobiernos intentan mitigar la extinción de aquellos contratos mediante decretos de suspensión de lanzamientos e informes de vulnerabilidad que a menudo no logran frenar las órdenes judiciales.
- Mercantilización del parque residencial: La progresiva desaparición de la renta antigua traspasó la responsabilidad del acceso a la vivienda al mercado libre sin haber consolidado en paralelo un parque público de alquiler protegido.
Sin las reformas de 1985 y 1994 que limitaron la prórroga obligatoria y las subrogaciones de la renta antigua, la situación jurídica de casos como el de Maricarmen habría sido radicalmente distinta frente a la propiedad.
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