El consejero de las residencias de la Comunidad de Madrid envió una carta a Amnistía Internacional

La propuesta de los partidos de la izquierda en la Asamblea de Madrid de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid sigue su curso. Se espera que la Mesa de la Asamblea examine el asunto en su cita del próximo lunes y tome alguna decisión sobre el asunto.

La Mesa la componen siete miembros: dos del PP, dos de Cs, dos del PSOE y 1 de Vox. La Asamblea de Madrid reúne hoy 16 de abril a su junta de portavoces. Mientras tanto, el consejero de residencias de la Comunidad de Madrid copa portadas de los medios de comunicación

El Gobierno de Ayuso se ve "inestable", así lo reflejan varios documentos que hacen ver una situación tensa y anómala en el seno de la Comunidad de Madrid. Dichos documentos son los que hacen referencia a las residencias y su gestión a lo largo de la crisis desatada por el coronavirus. En este caso, el responsable de estos documentos es el Consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, quien envió varias cartas a la ONG Amnistía Internacional y a su Consejero de Sanidad para llevar a cabo una mayor implicación en el impacto del COVID-19 en las residencias.

Al no verse respaldado por su Gobierno, según cita él mismo, en las semanas críticas de la pandemia y en concreto los fallecimientos en las instalaciones donde se alojan los mayores, en el marco dela región de Madrid, y según informa El País, en una carta a la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, informó que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad de su Gobierno para salvar vidas en las residencias durante la pandemia.

La carta de la que numerosos medios de comunicación se hacen eco a día se hoy, se envió el pasado 12 de abril, y manifestaba en ella a la ONG que, estaba “haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería" de Enrique Ruiz Escudero, (Consejería de Sanidad). Una muestra de la falta de entendimiento dentro del Gobierno madrileño en mitad de una crisis que ha supuesto la muerte por COVID-19 de casi 6.000 personas en residencias.

Por su parte, la citada ONG confirmó a El País la recepción de la carta. Se trata de una respuesta de Reyero a un requerimiento que la ONG británica hizo a las comunidades autónomas el 10 de abril para conocer detalles de su gestión de la pandemia en estos centros para las personas mayores.

Procesos internos y judiciales a la vista para la Comunidad de Madrid

El consejero Reyero denunció hace unas semanas que el Gobierno de Ayuso negó auxilio a las personas mayores que viven en estas residencias. El consejero de Ciudadanos advirtió a Escudero, del Partido Popular, de “graves consecuencias legales” y de mayores falleciendo en condiciones indignas, según dos correos del 22 de marzo mostrados a El País. Reyero afirma que, el consejero de Sanidad no contestó a esas peticiones privadas de auxilio ni a otras posteriores, el 31 de marzo y el 11 de abril.

De esta manera, la falta de atención y auxilio en residencias, pasará en breve por sala judicial. Desde su posición, Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado jueves que la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación interna respecto a la situación en las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. Un proceso que, según ha anunciado su vicepresidente Ignacio Aguado, "ha asumido en primera persona" la presidenta madrileña y su equipo. Tanto Ayuso como Aguado han defendido en los últimos días que su intención es demostrar que se ha hecho todo lo posible para salvar la vida de los ancianos. 

"El objetivo es recopilar el mayor número posible de expedientes y de información (...) para poder acreditar ante la opinión pública que las cosas se han hecho correctamente y que, dentro de los recursos que hemos tenido y de la situación de excepcionalidad que hemos vivido, la Comunidad de Madrid ha hecho lo correcto y ha actuado como debía actuar", ha señalado Aguado, líder de Cs en la región.

¿Qué dice la oposición?

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, dijo este miércoles que “es gravísimo” que existan unos protocolos de Sanidad “que excluyan del derecho a la salud” a algunas personas, refiriéndose a personas mayores en residencias, y afirmó que el vicepresidente, Ignacio Aguado, está “cerrando filas” en este asunto con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, “dejando tirado a su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero”, que ha defendido la “dignidad de los mayores y sus familias”.

Serra, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa telemática para presentar su plan de rescate ante la crisis del coronavirus, dijo que se están planteando personarse como “acusación particular” en las denuncias puestas por esos protocolos que contenían medidas restrictivas respecto al traslado de personas en residencia a hospitales durante los primeros días de la pandemia, que dejó un buen número de fallecidos en estos centros residenciales.

“Apoyamos todas las denuncias que se han puesto por parte de familiares”, señaló Serra, quien añadió que “estamos viendo la posibilidad de personarnos en esas denuncias, de apoyarlas como acusación particular, pero dando protagonismo a esas asociaciones”.

La medicalización de las residencias ha sido el principal punto de disputa entre PP y Cs en la crisis sanitaria y en el partido naranja se subraya que la Justicia les está dando la razón. El TSJM desestimó a finales de mayo un recurso del Ejecutivo de Ayuso sobre este asunto y obligó a la Comunidad de Madrid a derivar médicos y enfermeros a cuatro residencias de la localidad de Alcorcón.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà considera vital que se deben determinar las responsabilidades políticas de lo ocurrido en estos centros durante la pandemia. El altísimo número de muertos en las residencias de mayores –de Madrid y de toda España– y la existencia de borradores de protocolos que limitaban la derivación de pacientes de estos centros a hospitales en función de su condición física ha desatado una oleada de críticas incluso en el seno del Gobierno regional.