31/12/2022 - 09:00
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Las personas con discapacidad están sufriendo con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir.
Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la covid-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes están viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios exponiéndose a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
Y es que, España se ha convertido en el cuarto país de la Unión Europea que más ha aumentado desde 2015 la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social entre las personas con discapacidad de 16 años o más, según Eurostat.
Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza
En España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida, de esas el 74 % necesita ayuda e infraestructuras para salir de su vivienda, además más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de ayudas.
Los datos de la Oficina Estadística de la UE, recogidos por Servimedia, indican que un 21,7 % de las personas con discapacidad de la UE estuvieron el año pasado en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, vivía en hogares que sufrían al menos uno de los tres factores: riesgo de pobreza, privación material y social severa, y estar en una familia con muy baja intensidad de trabajo.
En comparación, la tasa era de un 18,8 % entre las personas sin discapacidad y de un 21,5 % en la población comunitaria total.
Es necesario comenzar a aplicar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de este grupo social desde ya
España contó el año pasado con una tasa de un 33 % de personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social, por lo que ocupó la décima posición en la UE.
La proporción era más alta en Bulgaria (45,3 %), Rumanía (44,2 %) y Letonia (41,2 %), y más baja en Chequia (18,2 %), Finlandia (18,5 %) y Eslovaquia (19,5 %).
La serie histórica de Eurostat comienza en 2015, año en que España era el decimotercer país con más tasa de pobreza o exclusión social entre las personas con discapacidad (31,5 %), cuando la media comunitaria era de un 30,4 %.
El encarecimiento del precio de la luz también es un problema derivado, ya que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el seguimiento de su tratamiento con sistemas domóticos, grúas de elevación, dispositivos de hemodiálisis o máquinas de oxígeno, hecho que ha incrementado el recibo de la luz.
El 37 % de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2021 y muchas se quedan fuera del sistema de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando, a pesar de ser la puerta de acceso al sistema de beneficios para compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad, denuncia el movimiento asociativo.
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