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La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este lunes que el Gobierno trabajará para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. El objetivo es que las mujeres puedan acceder a este método en sus propios centros de salud, con información clara, profesionales preparados y acompañamiento sanitario durante todo el proceso.
La medida fue comunicada durante la inauguración del acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Aborto Seguro. En el encuentro también intervino la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien anunció nuevas actuaciones para reforzar la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo y combatir la difusión de bulos.
García defendió que las mujeres deben poder elegir el método más adecuado a su situación y acceder a él sin desplazamientos innecesarios. “Queremos que las mujeres elijan el método”, señaló la ministra, que también subrayó la importancia de contar con equipos sanitarios capaces de ofrecer atención antes, durante y después de la interrupción del embarazo.
La responsable de Sanidad explicó que la intención del Ejecutivo es reducir las dificultades que todavía afrontan muchas mujeres para ejercer este derecho dentro del sistema público. Según indicó, el nuevo modelo pretende evitar viajes, inseguridades y situaciones de sufrimiento asociadas a la falta de información o a la necesidad de acudir a otros centros sanitarios.
Cambios legales y sanitarios respecto al aborto farmacológico
Para hacer posible la incorporación del aborto farmacológico a los centros de salud, el Ministerio de Sanidad prevé impulsar varias modificaciones. Una de ellas afectará a la normativa que regula la autorización de los centros sanitarios, con el objetivo de adaptar sus requisitos a la prestación en el ámbito de la Atención Primaria.
El departamento también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico. La reforma permitiría que este fármaco pueda utilizarse fuera del ámbito exclusivamente hospitalario, siempre dentro de las garantías sanitarias correspondientes.
Además, Sanidad actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en Atención Primaria. El Ministerio pretende desarrollar el proceso en colaboración con las comunidades autónomas y con los profesionales sanitarios, de manera que las pacientes sepan dónde acudir y qué atención pueden recibir en cada fase.
La propuesta se plantea como una forma de acercar el sistema sanitario a las mujeres y de ofrecer un seguimiento más próximo. El aborto farmacológico requiere información previa, valoración médica y control posterior, por lo que el Gobierno considera que los centros de salud pueden desempeñar un papel relevante en todo el itinerario asistencial.
Igualdad prepara un decreto contra los bulos
Ana Redondo anunció durante el mismo acto que su departamento está elaborando un decreto destinado a reforzar la información que reciben las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo. La norma pretende garantizar contenidos “veraces” y basados en la evidencia científica, frente a los mensajes falsos o engañosos que circulan sobre el aborto.
La ministra de Igualdad defendió que las mujeres deben tomar sus decisiones con información contrastada, sin presiones externas y sin tutelas. También criticó el paternalismo que, a su juicio, se sigue aplicando a las mujeres como si no tuvieran capacidad para decidir por sí mismas.
Redondo vinculó esta iniciativa con la necesidad de asegurar una igualdad real en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra recordó que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas en el porcentaje de abortos realizados en la sanidad pública.
Según los datos presentados el pasado año, en Cantabria el 85% de las interrupciones se practican en centros públicos. En cambio, en comunidades como Madrid o Andalucía, la proporción apenas alcanza el 1%. Para Igualdad, estas cifras muestran que el reconocimiento legal del derecho no garantiza por sí solo que todas las mujeres puedan ejercerlo en condiciones equivalentes.
La reforma constitucional sigue en marcha
Redondo también reivindicó la propuesta para blindar constitucionalmente el derecho al aborto en su dimensión prestacional. La iniciativa contempla reformar el artículo 43 de la Constitución para reforzar la obligación de garantizar el acceso efectivo a esta prestación sanitaria.
La ministra aseguró que el Gobierno continuará trabajando para sacar adelante la reforma después de que la enmienda a la totalidad presentada por Vox fuera superada en el Congreso. El Ejecutivo considera que la modificación permitiría consolidar el derecho y reducir las diferencias territoriales que existen actualmente.
Durante el acto se proyectó el vídeo de la campaña ‘Tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública’, impulsada por el Ministerio de Sanidad. García defendió la iniciativa frente a las críticas recibidas y afirmó que las reacciones generadas evidencian precisamente la necesidad de seguir hablando del aborto.
La ministra apostó por derribar los tabúes y responder a la desinformación con datos y explicaciones rigurosas. También defendió que las mujeres puedan interrumpir su embarazo sin sentirse culpables ni tener que justificar su decisión ante terceros.
Un programa con participación internacional
La jornada contó con la participación prevista de la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández. También intervino mediante un vídeo Anand Grover, abogado especializado en derechos humanos y derecho a la salud, además de exrelator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud.
El programa incluyó una mesa de diálogo sobre derechos sexuales y reproductivos. En ella participaron la abogada y experta en esta materia Ximena Casas; Óscar Cabrera, director del Centro de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neil para el Derecho Nacional y Global de la Salud, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud; y la psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado López.
Posteriormente, estaba prevista la proyección de un vídeo de Antonella Lavelanet, investigadora de la OMS. La presencia de especialistas nacionales e internacionales permitió abordar el aborto farmacológico desde la perspectiva de los derechos humanos, la salud pública y la igualdad.
Tanto Mónica García como Ana Redondo coincidieron en que aún queda “muchísimo trabajo por hacer”. Ambas situaron sus anuncios en un escenario internacional marcado por un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, y defendieron la necesidad de mantener las políticas públicas que garanticen el acceso seguro, informado y equitativo al aborto farmacológico en España.
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