La Fiscalía estima que entre el 6 y el 8 % de los ancianos han muerto en residencias a causa del Covid

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22/01/2021 - 07:32
Segarra, la fiscal de la Sala de Mayores y Discapacidad, ha asegurado que desde el inicio de la pandemia han muerto entre el 6 y el 8 % de los ancianos que viven en residencias

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María José Segarra, la fiscal de la Sala de Discapacidad y Mayores, determinó mediante una rueda de prensa la cantidad de personas mayores que murieron en las residencias a causa del Covid–19. Segarra ha informado de la actividad que se ha producido en la Sala de Discapacidad y Mayores. La Fiscalía tutela los derechos de mayores y personas con discapacidad internas en este tipo de centros.

El ministerio público ha abierto un total de 441 diligencias, de las que actualmente todavía están en trámite 209 y de ellas 112 se desarrollan en Madrid. Según los datos que ha ofrecido, 189 de las denuncias presentadas, el 42 % eran por homicidios por imprudencia y 163, un 36 %, recogían carencias de tipo genérico por la situación de las residencias.

La Fiscalía ha registrado tres denuncias por negativa de familiares a autorizar la vacuna

La Fiscalía ha registrado tres denuncias por negativa de familiares a autorizar la vacuna. Además, constan 69 procedimientos por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. El número total de procedimientos que hay abierto en los Juzgados son 92. La mayoría de ellos, el 75 %, siguen en trámite. Por otra parte, desde el inicio de la pandemia se han archivado la mitad de las investigaciones, 229.

El 11,8 % de estas investigaciones se han producido por la presentación de una querella o denuncia ante el juzgado; mientras que el 10,48 % ha sido porque se ha conocido que ya había un procedimiento penal. María José Segarra ofreció por primera vez datos en rueda de prensa desde que asumió su nueva responsabilidad como fiscal de Sala del Tribunal Supremo para Discapacidad y Mayores, puesto para él fue nombrada el pasado 11 de noviembre de 2020.

La fiscal responsable de la tutela de mayores y personas con discapacidad, María José Segarra, ha declarado que entre el 6 y el 8 % de la población que vive en residencias ha muerto por la pandemia. Sin embargo, ha puntualizado que estos datos deben estudiarse a través de un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dolores Delgado ha comparecido junto a Segarra para evaluar los datos de la pandemia / RTVE.es
Dolores Delgado ha comparecido junto a Segarra para evaluar los datos de la pandemia / RTVE.es

Dolores Delgado ha afirmado que “hay que velar por los derechos de los más vulnerables”

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha insistido en que para la Fiscalía General del Estado es “una prioridad cuidar de los derechos de las personas más vulnerables”. También, Delgado ha defendido  la creación de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores, en 2019, como un impulso para una especialidad que es una necesidad social.

Delgado desgranó la actividad de la Fiscalía en relación con la situación de las personas mayores en residencias durante el inicio de la crisis sanitaria y la llamada primera ola. El 18 de marzo desde la Fiscalía General se creó una red dirigida a recabar información, remitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal. Segarra ha destacado el compromiso diario de las personas que trabajan de manera diaria en los servicios especializados de cuidados.

Segarra ha detectado un descenso de quejas o denuncias en su ámbito de competencias

María José Segarra ha notado un descenso de denuncias o quejas en su descenso de competencias. Persisten, sin embargo, elementos con efecto negativo, como la dificultad en algunos centros para establecer unidades de convivencia más o menos estancas, con el riesgo de incremento de contagios que puede suponer.

Por otra parte, la Fiscalía ha asegurado que cuenta con la experiencia y los protocolos adecuados para que no se repitan situaciones como las padecidas, y va a seguir realizando el seguimiento de todas las situaciones de vulnerabilidad. Las Fiscalías están presentando a los Juzgados las solicitudes para resolver el conflicto ante las negativas de algunos representantes, familiares o guardadores de hecho de personas que carecen de la capacidad de decidir para cuando el criterio médico individualizado indique la pertinencia de la vacuna, velando así por su “superior interés”.

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