Terapias de conversión en España y la necesidad de aplicar sanciones

En 2016, Madrid lideró la prohibición y sanción de las terapias de conversión mediante la ley LGTBI autonómica, seguida por otras regiones como Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y La Rioja. En 2023, se aprobó la ley trans y LGTBI a nivel estatal, extendiendo la prohibición a todo el territorio español. A pesar de estas normativas, hasta la fecha, no se ha impuesto ninguna sanción efectiva.

De la prohibición de terapias de conversión por Madrid a la diversidad legal autonómica

Madrid marcó el camino al prohibir y sancionar las terapias de conversión en 2016 a través de la ley LGTBI autonómica. Otras regiones como Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y La Rioja siguieron su ejemplo. En 2023, la ley trans y LGTBI a nivel estatal extendió la prohibición a toda España, pero a pesar de estas medidas, hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción.

Actualmente, siete leyes autonómicas y una estatal prohíben y sancionan las terapias de conversión, definidas como prácticas que buscan modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. La ONU las ha calificado como prácticas humillantes y discriminatorias, con impactos negativos en la salud física y psicológica de las víctimas.

Madrid recortó recientemente su normativa al eliminar la referencia a la identidad de género y derogar el régimen sancionador, quedando en el grupo de comunidades autónomas que prohíben sin imponer sanciones, como Navarra, Baleares, Murcia y Cataluña. Extremadura, Galicia y País Vasco tienen leyes LGTBI que no mencionan las terapias de conversión. Por último, Asturias, Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla carecen de legislación propia en materia LGTBI.

La ley trans y LGTBI: Un paso firme contra las terapias en España

La ley trans y LGTBI estatal, aprobada en febrero de 2023, prohíbe de manera clara y contundente las terapias de conversión en su artículo 17. Esta prohibición abarca métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, dirigidos a modificar la orientación o identidad sexual, así como la expresión de género de las personas.

Esta práctica se considera una infracción muy grave, conllevando sanciones que incluyen multas de 10.001 a 150.000 euros, junto con medidas accesorias como el cese de la actividad económica o profesional, y la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por hasta tres años.

El abogado Saúl Castro destaca que, más allá de las legislaciones autonómicas, estas terapias están prohibidas en toda España. Aunque las leyes autonómicas suelen abordar una gama más amplia de conductas, Castro argumenta que el hecho de que las comunidades autónomas regulen detalladamente áreas compartidas no invalida la prohibición estatal.

Sin embargo, Castro señala una problemática en la ley estatal, ya que no define claramente las conductas abarcadas por el término de la palabra,  lo que deja espacio para interpretaciones subjetivas y arbitrariedades.

El caso de Cáceres, el único en España

Hasta ahora, solo se ha sancionado a una persona en España por realizar terapias de conversión, pero la multa de 20.001 euros impuesta a la coach Elena Lorenzo fue anulada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que la administración cometió fraude de ley al dilatar el proceso, no porque los hechos no fueran considerados una infracción.

Recientemente, la asociación se involucró como acusación popular en el caso de un matrimonio en Villanueva de la Vera (Cáceres), detenido por la Policía Nacional. Se les acusa de ofrecer tratamientos para "curar" la homosexualidad, suministrar sustancias estupefacientes, practicar 'sexo sanatorio' y supervisar a las víctimas. 

Saúl Castro, presidente de No Es Terapia, busca imputar delitos de odio y aplicar agravantes por LGTBIfobia en caso de lesiones, estafa o agresión sexual.