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El gasto medio anual en transporte de los hogares españoles ha aumentado más de un 27 % en la última década, hasta alcanzar los 4.020 euros en 2025. El coste de los desplazamientos, condicionado por los ingresos y el lugar de residencia, se ha convertido en un factor de desigualdad que puede limitar el acceso al empleo, la educación y otros servicios esenciales.
El gasto en transporte aumenta la desigualdad
Las familias españolas deben repartir sus ingresos entre necesidades básicas y otros gastos cotidianos, como la alimentación, la vivienda, la ropa o las actividades de ocio. Sin embargo, hay desembolsos que resultan difíciles de evitar, ya que son necesarios para mantener el ritmo de vida y cumplir con las obligaciones diarias. Entre ellos se encuentra el transporte, cuyo coste condiciona cada vez más la economía doméstica.
Desplazarse al trabajo, acudir a un centro educativo o realizar gestiones habituales supone un esfuerzo económico que no todos los hogares pueden asumir de la misma manera. Además, reducir estos gastos puede limitar el acceso al empleo, los servicios públicos y otras oportunidades.
Más de 4.000 euros al año
El gasto medio anual de los hogares españoles en transporte alcanzó los 4.020 euros en 2025, frente a los 3.158 euros registrados en 2015. Esto representa un incremento superior al 27 % en diez años, según el informe El precio de moverse. El transporte como factor de desigualdad en España, elaborado por EAE Business School.
Pese a esta subida, la partida continúa representando el 11,5% del presupuesto familiar. Esta proporción refleja las dificultades que tienen muchas familias para reducir el desembolso sin modificar aspectos importantes de su vida cotidiana.
El coste de los desplazamientos no depende únicamente de los ingresos. También influyen la distancia hasta el lugar de trabajo, la ubicación de la vivienda y las alternativas disponibles. Por eso, dos hogares con una situación económica similar pueden afrontar gastos muy diferentes.
El lugar de residencia marca la diferencia
Las posibilidades de movilidad varían considerablemente entre las grandes ciudades y los municipios pequeños. En las localidades de menos de 10.000 habitantes, el 73,5 % de la población utilizaba el coche como principal medio de desplazamiento en 2025. En los municipios más poblados, este porcentaje descendía al 29,6 %.
La situación es diferente en las grandes áreas urbanas, donde el 48,8 % de los residentes recurría principalmente al transporte público, frente al 10,9 % de quienes viven en municipios pequeños.
Estas diferencias muestran que vivir lejos de los principales centros económicos puede aumentar la dependencia del vehículo privado. En determinadas zonas, prescindir de él resulta complicado debido a la escasez de conexiones o a la frecuencia limitada de los servicios.
Menos oportunidades para los hogares vulnerables
El informe también advierte sobre la llamada pobreza de movilidad, una situación que aparece cuando desplazarse supone un esfuerzo económico excesivo o cuando la falta de alternativas obliga a renunciar a determinados trayectos.
Esta dificultad puede afectar directamente a la búsqueda de empleo. Un puesto de trabajo situado lejos del domicilio puede dejar de ser una opción viable si los gastos de desplazamiento absorben una parte importante del salario.
La vivienda también influye en este problema. Elegir un alquiler más económico en una zona alejada puede reducir el desembolso mensual, pero aumentar el coste de los viajes diarios.
Un reto económico y social
El encarecimiento de la movilidad también repercute en las empresas y en el precio de los productos. España depende en gran medida de la carretera para trasladar mercancías, por lo que el aumento de los costes logísticos puede terminar trasladándose al consumidor.
Ante esta situación, mejorar las conexiones públicas y ampliar las alternativas de desplazamiento resulta fundamental para reducir las diferencias entre territorios y niveles de renta. El objetivo es que el transporte no se convierta en una barrera para acceder al trabajo, la educación y los servicios esenciales.
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