El proyecto de ley sobre las ONG, estrecharía aún más el espacio cívico, afirma la Misión Independiente en Venezuela

La Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero.

Dicha Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, es una fuerza de observación establecida en 2019 para estudiar la situación de los derechos humanos durante el régimen de la Revolución bolivariana.

Para la Misión, la nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro en Venezuela, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en un comunicado.

Francisco Cox, experto de la Misión, afirmó por su parte que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.

Y añadió: “La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”.

Limitaciones a las ONG de derechos humanos en Venezuela

La Misión señaló que las ONG dedicadas a promover los derechos humanos “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.

Y agrega que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.   

En un análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.

Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).

“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, afirma la Misión, que estima que, de esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.

Prohibición de actividades políticas

Otro aspecto que suscita preocupación es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, recogida en el artículo 15 del proyecto.

“Una interpretación amplia del concepto “actividades políticas”, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos”, asegura la Misión.

Y añade que “esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones”.

En el análisis de la Misión, el proyecto de ley se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes.