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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha advertido de que el lugar de residencia continúa siendo un factor determinante para el ejercicio efectivo de los derechos de dicho colectivo en España. Veinte años después de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la organización considera necesario reforzar las políticas públicas para reducir las diferencias territoriales en el acceso a los servicios, los apoyos sociales, la justicia y la accesibilidad universal.
Esta reivindicación centró parte de la primera jornada del XX Congreso de Cermis Autonómicos, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por el Cermi Estatal junto con Cermi Canarias. Durante el encuentro, representantes de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de eliminar obstáculos administrativos y promover medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la discapacidad en condiciones de igualdad, con independencia de la comunidad autónoma o localidad en la que vivan.
El delegado del Cermi Estatal de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia Méndez, puso el foco en esta desigualdad al señalar que el código postal no debería determinar los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, denunció que el territorio sigue influyendo en las posibilidades reales de acceder a recursos y ejercer esos derechos.
Saravia Méndez también recordó que el Comité de Naciones Unidas ya advirtió a España en 2019 sobre la falta de adaptación de determinadas normativas autonómicas y locales a los principios establecidos en la Convención. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un marco de actuación más homogéneo que evite que las diferencias normativas se traduzcan en desigualdades para las personas con discapacidad.
Canarias reclama menos burocracia y una respuesta pública más ágil
Las dificultades de acceso a los servicios públicos adquirieron una especial relevancia durante la jornada, especialmente al abordar las particularidades de territorios como Canarias. La diputada del Común de Canarias, Lola Padrón Rodríguez, defendió que la insularidad no puede convertirse en una justificación para demorar la atención que necesitan estas personas y otros colectivos vulnerables.
Padrón Rodríguez alertó de las consecuencias que pueden tener los procedimientos administrativos lentos y complejos sobre la vida cotidiana de la ciudadanía. En este sentido, subrayó que la burocracia no es neutral cuando impide ejercer derechos en el momento en que se necesitan. Una demora en la tramitación de una prestación o un recurso puede terminar afectando a decisiones esenciales para la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de una persona.
Los datos de su institución reflejan la importancia de esta cuestión. Durante 2025, la Diputación del Común gestionó un total de 3.572 quejas. De ellas, 381 estaban relacionadas con la discapacidad y otras 448 con la dependencia, dos ámbitos en los que el acceso oportuno a los servicios y las prestaciones resulta fundamental.
Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Gaspar Candil González, expuso los avances registrados en la gestión administrativa y la atención a las personas con discapacidad y dependencia. Según indicó, se han emitido cerca de 54.000 resoluciones, una actividad que ha contribuido a reducir las listas de espera un 68,4 % en las islas capitalinas.
Candil González también destacó las mejoras en materia de atención temprana y la expedición de más de 28.000 tarjetas digitales de discapacidad. Estas actuaciones forman parte de los esfuerzos destinados a facilitar el acceso a los recursos y agilizar los procedimientos, aunque durante el congreso se insistió en que todavía es necesario continuar mejorando la respuesta de las administraciones.
Una legislación específica y más medidas para garantizar la inclusión
La necesidad de reforzar la protección normativa también estuvo presente en el debate parlamentario. Representantes de los distintos grupos políticos defendieron avanzar hacia una legislación canaria específica sobre discapacidad que permita abordar las necesidades del colectivo desde una perspectiva integral.
Entre las principales propuestas debatidas figuraron la simplificación de los trámites administrativos, el impulso de la educación inclusiva, la mejora de la accesibilidad universal y el desarrollo de medidas que favorezcan la vida independiente. Asimismo, se planteó la conveniencia de establecer una ventanilla única de atención que facilite a las personas con discapacidad y sus familias la realización de gestiones y el acceso a información y recursos.
Otro de los asuntos señalados fue el sobrecoste económico que soportan muchas familias como consecuencia de las necesidades de apoyo vinculadas a la discapacidad. Reducir esta carga constituye una de las demandas del movimiento asociativo, que reclama políticas capaces de compensar las desigualdades y evitar que la situación económica familiar limite las oportunidades de participación social.
Las propuestas abordadas durante el encuentro reflejan la importancia de coordinar las actuaciones de las administraciones y de situar los derechos de las personas con discapacidad en el centro de las decisiones públicas. El objetivo es que la igualdad reconocida en las normas tenga una aplicación efectiva en la vida diaria.
La justicia debe garantizar la participación en igualdad de condiciones
El acceso a la justicia fue otro de los ejes de la primera jornada del congreso. La fiscal delegada de Discapacidad en Canarias, María Rosa Rubio Ramos, defendió que este colectivo debe poder comprender los procedimientos judiciales y participar en ellos en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
La fiscal destacó la necesidad de adoptar las medidas que permitan eliminar las barreras que dificultan la intervención de estas personas en los procesos judiciales. Para ello, insistió en que las adaptaciones necesarias no deben entenderse como una concesión, sino como una condición indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
En este contexto, Rubio Ramos afirmó que, en el ámbito judicial, no se trata de hablar únicamente de ajustes razonables, sino de ajustes necesarios. Su planteamiento pone de relieve la importancia de adaptar los procedimientos a las necesidades de cada persona para que pueda comprender la información, expresar sus decisiones y ejercer sus derechos.
La magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez abordó, por su parte, la situación de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género o agresiones sexuales. Advirtió de que los prejuicios y estereotipos todavía pueden poner en duda su credibilidad y restar valor a sus testimonios.
Estas actitudes pueden contribuir a que las víctimas no reciban la protección adecuada y encuentren obstáculos añadidos a la hora de denunciar o afrontar un procedimiento judicial. Por ello, la eliminación de los prejuicios resulta esencial para garantizar una atención adecuada y una respuesta judicial que tenga en cuenta sus derechos y circunstancias.
La IA también debe incorporar la realidad de las personas con discapacidad
Los desafíos tecnológicos ocuparon igualmente un espacio destacado en el encuentro. El embajador en Misión Especial para la Convención, Jesús Celada Pérez, alertó sobre el riesgo de que la inteligencia artificial reproduzca las desigualdades existentes si su desarrollo no contempla las necesidades y la realidad de la discapacidad.
Celada Pérez advirtió de que los sistemas tecnológicos pueden perpetuar formas de exclusión cuando se diseñan o entrenan sin considerar la diversidad de la población. Si las personas con discapacidad no están suficientemente representadas en estos procesos, las herramientas resultantes pueden ignorar sus necesidades y generar nuevas barreras.
El embajador defendió así la importancia de incorporar la discapacidad desde las primeras fases del desarrollo tecnológico. La inclusión debe formar parte tanto de los datos utilizados como de los criterios de diseño y aplicación de estas herramientas, con el fin de evitar que los avances digitales amplíen las desigualdades que ya existen en otros ámbitos.
Registrar las vulneraciones para impulsar cambios efectivos
Durante la jornada también se compartieron iniciativas destinadas a identificar y documentar situaciones en las que se vulneran los derechos de estas personas. Entre ellas destacó la experiencia del Cermi de Cataluña (Cocarmi), que registró 497 denuncias y 441 propuestas entre 2024 y 2025.
Las principales cuestiones señaladas estuvieron relacionadas con la accesibilidad, el transporte y la atención prestada por los servicios públicos. La recopilación de estas situaciones permite identificar barreras que afectan a la vida cotidiana y disponer de información para formular propuestas dirigidas a mejorar la actuación de las administraciones.
La documentación de las vulneraciones constituye una herramienta para visibilizar problemas que, en ocasiones, permanecen dispersos entre distintos organismos y territorios. También permite trasladar las demandas del movimiento asociativo a los responsables públicos y reclamar soluciones que respondan a las necesidades detectadas.
El congreso concluirá con la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria
El XX Congreso de Cermis Autonómicos continuará este viernes con nuevas sesiones centradas en las buenas prácticas y las barreras que todavía dificultan la inclusión de estas personas. El encuentro finalizará con la aprobación de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, un documento que recogerá las principales reivindicaciones del movimiento de la discapacidad.
La declaración pretende servir como referencia para avanzar en la aplicación efectiva de la Convención de Naciones Unidas en todos los territorios y reforzar el compromiso de las instituciones con la igualdad de derechos.
Las intervenciones de la primera jornada pusieron de manifiesto que el reconocimiento legal de los derechos debe ir acompañado de recursos, procedimientos accesibles y respuestas administrativas eficaces. Para el Cermi, superar las diferencias territoriales es una condición imprescindible para que ninguna persona vea limitadas sus oportunidades por el lugar en el que reside.
El reto pasa por consolidar políticas públicas coordinadas, eliminar las barreras burocráticas, garantizar una justicia accesible y promover una tecnología inclusiva. Todo ello con un objetivo común: que los derechos de las personas con discapacidad puedan ejercerse plenamente en cualquier punto de España.
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