La discapacidad intelectual solo se tiene en cuenta en tres de cada 10 procesos judiciales

Se ha publicado el informe preliminar elaborado por la Confederación Plena Inclusión España a partir de 743 casos en los que participaron ciudadanos con discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo, y en el que se apunta que, la discapacidad intelectual solo se tiene en cuenta en tres de cada 10 procesos judiciales que involucran a una persona con estas características.

El informe lleva por título: 'A cada Lado', y advierte que solo en el 31,5 % de los casos judiciales se tuvo en cuenta esta circunstancia y, en consecuencia, se proporcionó algún tipo de adaptación a la persona.

Figura del facilitador judicial

Asociaciones, expertos y familias piden la regulación de la figura del facilitador judicial en el sistema jurídico español, y que de esta manera, cuando una persona con discapacidad intelectual se vea envuelta en este tipo de procesos, sus derechos estén garantizados.

"Es una cuestión de equidad", ha manifestado para Servimedia Inés de Araoz, responsable jurídica de Plena Inclusión, que agrupa a más de 900 asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

"Del mismo modo que una persona sorda tiene asegurado por ley el apoyo de un intérprete de lengua de signos si lo requiere, es de justicia que alguien con discapacidad intelectual reciba las adaptaciones que precisa para entender el proceso y poder manejarse en él, en igualdad de condiciones", afirmó.

"Actualmente, son los jueces y otros operadores jurídicos quienes solicitan la intervención de estos profesionales", explica de Araoz, pero "esta participación se suele limitar a aquellos casos en los que la persona con discapacidad es la víctima, y, por lo general, solo en procesos penales". También las asociaciones pueden intervenir cuando detectan un problema, "pero, en muchas ocasiones, llegamos cuando ya ha empezado todo".

"Al final, todo depende un poco de la voluntad y de la sensibilidad del operador jurídico" y por ello reclamó cambios en las leyes de enjuiciamiento criminal y civil, además de todas las normativas de procedimiento, a fin de incorporar esta figura de manera estándar.

¿Que expresa la Convención al respecto?

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pone atención en la obligación de proporcionar los ajustes de procedimiento necesarios a estas personas y en 2013, la Comisión Europea dictó una recomendación donde instaba a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados que no puedan comprender ni participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades.

Cuestión de apoyos

María García es una de los 10 facilitadores de Plena Inclusión La Rioja. Trabaja en el Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. "Somos 10 personas, y desde que empezamos en 2015, hemos atendido a 54 víctimas, 13 agresores y tres testigos", explicó.

"Al principio se nos recibía con bastantes reticencias", admite, porque "muchos pensaban que íbamos a actuar de parte y a contaminar el proceso". Sin embargo, "cada vez se entiende mejor nuestro trabajo y nos llaman más desde los mismos juzgados".

Entre sus tareas, figuran la adaptación de documentos a lectura fácil, la recogida de testimonios, el asesoramiento a los agentes policiales y judiciales, la disposición de ayudas técnicas y la reorganización de los tiempos.

Dificultades de acceso de las personas sordas

Según la presidenta de la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), es importante, ya que no existe accesibilidad a la educación, a los servicios culturales, a la sanidad, a la justicia, y todo sigue sin ser inclusivo a todos los efectos. A diferencia de Europa, por cada diez personas sordas hay un intérprete en lengua de signos frente a España, que existe uno por cada 143. En ese sentido, no se está respetando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dado que no se están equiparando los derechos lingüísticos de este colectivo como se hace con el resto de los usuarios de otras lenguas.

 En cuanto a la situación de los intérpretes en los principales lugares tales como los juzgados, el aeropuerto, los teléfonos de emergencias, el 112, los hospitales, la televisión, etc, aún no son accesibles del todo para este colectivo de personas, reclaman y prima el precio y no la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos sordos, explica.