La Justicia en España se encuentra paralizada

Desde el inicio del estado de alarma, la Justicia está paralizada en España y ya son más de 45 días de parón.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lanzado un documento de trabajo de 436 páginas con un plan de choque que no deja indiferente a ningún operador judicial. La hoja de ruta para paliar el colapso en los juzgados tras el estado de alarma contempla habilitar parte de agosto, jornadas de tarde y juicios telemáticos

El sector se pregunta qué previsión tiene el Gobierno para que se pueda trabajar, establecer agendas con el propósito que los juzgados estén operativos y evitar así el colapso que ya existía.

Ahora el tapón será aún mayor

Abogados y procuradores alertan del aluvión de demandas que los ERTES, hipotecas, casos en residencias… pueden provocar y que se añadirán a los asuntos que esperan resolución desde antes de febrero.  

El Gobierno ha asegurado en un comunicado oficial que el Real Decreto-ley 16/2020, que adopta medidas para la recuperación de la actividad judicial, ha nacido del “diálogo constante y reforzado que el Ministerio de Justicia ha mantenido con todas las administraciones y colectivos con intervención en la Justicia”. 

La afirmación ha sido desmentida ya por buena parte de los operadores jurídicos: el Ministerio sí ha mantenido reuniones telemáticas con ellos, pero el resultado final es una decisión unilateral que no ha contado con su consenso. 

Todo esto lo explica en su Blog, Carlos Javier Galán, Magistrado de lo Social desde enero de 2020. Titular actualmente del Juzgado de lo Social nº 2 de Algeciras (Cádiz)

Habilitación judicial : entre el 11 y el 31 de agosto

Durante el estado de alarma, tal y como se indicaba anteriormente, se ha tenido que paralizar la mayor parte de la actividad judicial, incluida la tramitación escrita o a puerta cerrada en los juzgados. También los juicios y vistas presenciales, no es porque dicha medida fuera lógica o estuviera exigida por las circunstancias, sino por una falta de medios informáticos que habilitaran la posibilidad de teletrabajo y por una carencia de medios de protección que permitieran la prestación presencial con garantías, explica el Magistrado.  

En cuanto a la administración pública, se destaca el incumplimiento de las medidas propuestas sobre teletrabajo. Se pidió a las empresas del país dar prioridad al teletrabajo, y parece que el engranaje de la administración no tiene una solidez tal como para poner en marcha esta maquinaria, cosa que si hicieron las empresas en tiempo recod

En este contexto, abogados y graduados sociales están teletrabajando, sin posibilidad de presentar escritos procesales. Atienden las consultas que en este tiempo les han planteado clientes en Mercantil, en Familia, en Laboral, etc..

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, advierte en ABC, que la maquinaria judicial se ha parado completamente, “excepto causas con presos, el artículo 155 del Código Civil, internamientos de incapaces, fallecimientos, Juzgado de Guardia, violencia de género y poco más”. Para dar cuenta de la gravedad del asunto, sólo hay un funcionario presencial para la decena de Juzgados de Primera Instancia. La tarea que viene por delante es titánica, afirmó.

En palabras del juez decano “una vez parada, ponerla en marcha supondrá sangre, sudor y lágrimas”. Es hora, asegura Pareja, de buscar soluciones, y que el derecho a la tutela judicial no se llegue a resentir. El juez decano cree que cuanto antes se pongan en marcha los juzgados dotando a los funcionarios de las medidas de protección ante el Covid-19 menos problema se generará.  

El Fiscal Juan Antonio Frago Amado explica la acción del Gobierno

El art. 183 LOPJ, que no se ha derogado, señala:

“Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones”.

En su opinión, el Gobierno está quebrando la potestad auto organizativa del CGPJ.

Explica que, el argumento de que “a veces una ley orgánica regula cosas que, en realidad, son ley ordinaria” es verdaderamente inasumible, y decae en este concreto caso con el análisis histórico de la norma:

Redacción de 1985 (original):

“También serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”.

La cuestión es sutil para el no jurista: si hablamos de un Real Decreto Ley su control le corresponde al Tribunal Constitucional (STC 22/1986), actualmente parada su actividad por el COVID-19. Si fuera el CGPJ el que aprobase una habilitación general, imposible, el control le correspondería a la Sala III del Tribunal Supremo, argumenta el Fiscal.

En esta línea, la decana de los Procuradores, María José Carrarelo, como los abogados, «no hemos podido presentar escritos y la bola va creciendo; llevamos un mes sin facturar nada», lamenta.

Otras cuestiones son:

• ¿Por qué no se habilita agosto para Congreso, Senado, Ayuntamientos, Diputaciones y resto de administraciones?

• ¿Y los colegios y universidades? Hasta donde sé han parado también y el riesgo de descuelgue formativo para los alumnos es evidente.