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Yaneli, de 31 años, fue apuñalada mortalmente por su pareja el 12 de septiembre. Lorena, de 46 años y madre de dos hijos, fue asesinada el 2 de septiembre en Castellón por su novio, quien ya tenía tres condenas por maltrato y una orden de alejamiento que expiró en febrero de 2023. Antes de Lorena, otras mujeres como Amparo, Mari Àngels, Pilar, Mónica y Margarita también perdieron la vida a manos de sus parejas.
Estas víctimas se suman a las 35 mujeres asesinadas en lo que va del año, elevando la cifra a 1.279 feminicidios desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente.
Estos casos reflejan las fallas persistentes del sistema en la protección de las víctimas de violencia de género. Muchas mujeres ya habían denunciado o sus agresores eran reincidentes, pero las medidas preventivas no fueron suficientes. En otras ocasiones, el sistema de custodia compartida o visitas de los hijos otorgadas a maltratadores agravaron la situación, subrayando las brechas en la red de seguridad que deben cerrar las autoridades.
Reincidencia de los agresores: un problema persistente
Según la última memoria de la Fiscalía, de los 59 feminicidios cometidos en 2023, el 11,8 % de los agresores tenía antecedentes por violencia de género con otras parejas. Además, dos habían sido denunciados por maltrato a sus madres y uno tenía antecedentes por agresión sexual. A pesar de que algunos de estos agresores estaban en el radar del sistema judicial, el seguimiento y las medidas preventivas fueron insuficientes.
El forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, señala que la violencia de género es el tercer delito con mayor reincidencia, solo por detrás de los delitos de hurto y tráfico. Para Lorente, la solución pasa por la reeducación de los agresores, ya que los estudios muestran que las tasas de reincidencia pueden reducirse al 5 % tras cinco años de programas de reinserción.
Valoración del riesgo y fallos en el sistema
Uno de los principales problemas identificados es la insuficiente valoración del riesgo que enfrentan las víctimas. La Fiscalía describe la situación como un "mal endémico", ya que las Unidades de Valoración Forense Integral, encargadas de evaluar el riesgo, carecen de personal suficiente. Esto provoca que solo se atiendan los casos más graves, lo que deja sin protección a muchas mujeres que también están en peligro.
Además, las valoraciones de riesgo realizadas por la Policía suelen ser insuficientes. En muchos casos, se basan exclusivamente en el testimonio de la mujer, quien tiende a minimizar la gravedad de la situación por miedo o inseguridad. Esto se agrava en pequeñas localidades, donde es más difícil implementar medidas de protección como las pulseras de control telemático o asegurar que se cumplan las órdenes de alejamiento.
Necesidad de mayor coordinación en casos de custodia
El 45 % de las mujeres asesinadas en 2023 tenía hijos menores de edad. En muchos casos, la violencia vicaria se manifiesta cuando los maltratadores utilizan a los hijos como una forma de dañar aún más a la madre.
Desde 2013, 63 menores han sido asesinados por sus padres en estos contextos. Los fiscales piden una mayor coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia de género para evitar decisiones contradictorias y garantizar la protección de las víctimas y sus hijos.
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