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El Ministerio de Vivienda ha aprobado una partida extraordinaria de 180 millones de euros para las comunidades autónomas con zonas tensionadas, destinada a comprar suelo, rehabilitar inmuebles y ampliar la oferta de viviendas asequibles. Además, el Gobierno invertirá otros 45 millones en residencias universitarias para crear 2.000 nuevas plazas para estudiantes.
180 millones para impulsar viviendas asequibles en zonas tensionadas
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado una dotación extraordinaria de 180 millones de euros para las comunidades autónomas que cuentan con zonas de mercado residencial tensionado. La ministra Isabel Rodríguez anunció la medida tras la reunión del Consejo de Ministros, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas asequibles y facilitar el acceso a un hogar en los territorios donde los precios representan una mayor dificultad para las familias.
Durante su comparecencia, Rodríguez recordó que la declaración de una zona tensionada responde a una situación que requiere medidas específicas. Según explicó, esta calificación pone de manifiesto un problema en el mercado residencial y la necesidad de adoptar soluciones adicionales para atender las necesidades de la población.
Actualmente, 317 municipios están incluidos en esta categoría y concentran a más de nueve millones de habitantes. La mayor parte se encuentra en Cataluña, aunque también hay localidades afectadas en el País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia.
Reparto de los fondos entre las comunidades
La distribución de los recursos tendrá en cuenta el número de personas que viven en las áreas afectadas y el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar el alquiler.
En cuanto a viviendas asequibles. Cataluña recibirá 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados tensionados. El País Vasco contará con 31 millones para 18 municipios, mientras que Navarra dispondrá de 13,3 millones para 21 localidades. Galicia obtendrá 10,2 millones destinados a A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias recibirá 5,9 millones para cinco municipios.
Estas cantidades permitirán desarrollar planes autonómicos destinados a incrementar la disponibilidad de viviendas asequibles y responder a la demanda residencial.
Compra de suelo y rehabilitación de inmuebles
Las ayudas financiarán distintas actuaciones para ampliar el parque residencial público. Entre las principales medidas figuran la construcción y rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler social, así como la adquisición de suelo para promover nuevas promociones protegidas.
También se podrán sufragar trabajos de urbanización, necesarios para preparar terrenos antes de levantar edificios residenciales. Otra posibilidad será comprar viviendas ya construidas e incorporarlas al parque público, con el propósito de ponerlas en alquiler en un plazo más corto.
Además, las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos de protección frente a posibles impagos de rentas. Esta opción se ha incluido a petición de los propios gobiernos autonómicos.
El conjunto de medidas pretende aumentar la oferta de viviendas asequibles, aprovechar los recursos disponibles y ofrecer alternativas a quienes encuentran dificultades para acceder al mercado inmobiliario.
45 millones para nuevas residencias universitarias
Junto a esta partida, el Consejo de Ministros aprobó otros 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias y crear 2.000 plazas destinadas a estudiantes. La iniciativa busca reducir el impacto del alojamiento en el coste de cursar estudios superiores, especialmente en las ciudades con precios residenciales elevados.
Según Rodríguez, algunos jóvenes han tenido que renunciar a estudiar en universidades donde habían conseguido plaza por no poder asumir el coste de vivir en esas localidades.
Las subvenciones se repartirán entre siete proyectos de universidades públicas y administraciones locales. La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,3 millones de euros; la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, contará con 8,1 millones; y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, obtendrá 6,5 millones.
Con estas inversiones, el Ejecutivo pretende facilitar el acceso a viviendas asequibles, reforzar la oferta pública y reducir las barreras económicas que afectan tanto a las familias como a los estudiantes. La actuación combina medidas para ampliar el parque residencial con nuevas plazas de alojamiento universitario y busca favorecer una mayor igualdad de oportunidades.
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