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La organización ambiental WWF ha hecho pública una investigación que pone el foco sobre uno de los problemas ambientales más graves relacionados con la gestión de los recursos hídricos en España: la extracción de agua subterránea con claros indicios de ilegalidad para el riego agrícola. El estudio identifica más de 80.000 hectáreas de cultivos en seis acuíferos de alto valor ecológico donde existirían evidencias de un uso irregular del agua.
Los territorios analizados son el Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Los Arenales, Baza, Campo de Cartagena y la zona Sureste, que comprende áreas de Albacete, Alicante y Almería. Tras más de un año y medio de trabajo, la ONG reclama a las administraciones públicas actuaciones firmes para frenar esta práctica y avanzar hacia un modelo de gestión del agua que considere tanto la sostenibilidad ambiental como la equidad en el reparto del recurso.
Una investigación apoyada en tecnología y trabajo de campo
El informe ha sido elaborado mediante una combinación de herramientas de información geográfica, técnicas de teledetección, imágenes del satélite Sentinel-2 y ortofotografía de alta resolución. Además, WWF ha utilizado la cartografía oficial de parcelas con derechos de riego correspondiente a los años 2023 y 2024, los datos más recientes disponibles para este tipo de análisis.
Como complemento a la información cartográfica, el equipo realizó visitas sobre el terreno durante 2025 en algunas de las zonas estudiadas con el objetivo de verificar y validar los resultados obtenidos mediante el análisis remoto.
La publicación del estudio llega además en un contexto especialmente delicado, después del verano más cálido registrado en España y de una campaña marcada por un elevado número de incendios forestales, circunstancias que han vuelto a situar el debate sobre el agua y la sequía en el centro de la actualidad ambiental.
WWF advierte de un problema extendido
Para Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF, los casos detectados no representan situaciones aisladas, sino una muestra de una realidad mucho más amplia. Según explica, la investigación ofrece una imagen detallada de cómo se produce la sobreexplotación de los acuíferos y permite comprender la complejidad territorial del denominado “robo del agua”.
La organización considera especialmente preocupante la situación de dos espacios naturales de enorme valor ecológico: el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y Doñana. Ambos continúan sufriendo los efectos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, un fenómeno que amenaza el equilibrio de sus ecosistemas y la conservación de sus humedales.
Junto a estos casos históricos, WWF señala la aparición de nuevos focos de preocupación, especialmente en la comarca granadina de Baza y en el denominado eje del Sureste peninsular, donde la expansión del regadío intensivo estaría generando nuevas presiones sobre los acuíferos.
Pese al panorama general, el informe también identifica dos experiencias que apuntan hacia una mejora progresiva: el Campo de Cartagena y Los Arenales. Aunque ambas zonas siguen presentando una superficie considerable de regadío con indicios de ilegalidad, WWF destaca que los datos reflejan una tendencia descendente respecto a años anteriores.
La organización interpreta estos avances como una demostración de que las medidas de control y la vigilancia pueden producir resultados positivos cuando se aplican de forma continuada, aunque insiste en que todavía queda un importante recorrido para resolver el problema por completo.
El desplazamiento de cultivos preocupa a los expertos
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la detección de un fenómeno denominado “desplazamiento de cultivos”. Según WWF, la reducción de determinadas explotaciones irregulares en algunos territorios estaría coincidiendo con la aparición de nuevas plantaciones en otras zonas, también con claros indicios de ilegalidad.
En el entorno de Doñana, por ejemplo, la organización reconoce los progresos logrados frente a los cultivos ilegales de frutos rojos en la zona de La Rocina. Sin embargo, al mismo tiempo se ha observado un incremento de plantaciones de olivar superintensivo, lo que evidencia que la presión sobre el recurso hídrico no desaparece, sino que cambia de localización o de modelo agrícola.
Una situación similar se estaría produciendo en la cuenca del Segura. Mientras disminuyen los cultivos ilegales asociados al entorno del Mar Menor, WWF advierte de una expansión del regadío en otras áreas, especialmente en la provincia de Albacete. Este apartado del estudio ha sido desarrollado en colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).
La transformación del secano al regadío intensivo
El denominador común de los seis territorios analizados es la profunda transformación experimentada por su agricultura durante los últimos años. WWF sostiene que amplias superficies de cultivos tradicionales de secano han evolucionado hacia explotaciones industrializadas de regadío superintensivo.
Según el informe, este proceso ha sido favorecido en parte por ayudas públicas destinadas a la modernización agrícola, lo que habría impulsado el aumento de la superficie regada y, en consecuencia, una mayor demanda de recursos hídricos. La organización alerta de que este crecimiento también habría generado un “efecto llamada” para nuevas extracciones de agua con indicios de ilegalidad.
Los datos recopilados permiten establecer una fotografía detallada de cada territorio. En el entorno de Doñana, la superficie de cultivo que podría encontrarse en una situación irregular supera las 3.300 hectáreas, manteniendo la presión sobre uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa.
El caso más significativo corresponde al acuífero de la Mancha Occidental, en el Alto Guadiana. Allí, más de 39.000 hectáreas de cultivos estarían siendo regadas con aguas subterráneas extraídas con claros indicios de ilegalidad. WWF califica esta zona como el principal epicentro del problema en España por la magnitud de la superficie afectada.
En contraste, el Campo de Cartagena presenta una evolución favorable. Entre 2019 y 2024, la superficie con indicios de extracción irregular habría pasado de 11.000 hectáreas a 3.271, mientras que el volumen de agua subterránea presuntamente extraída de forma ilegal se habría reducido un 65 %.
Sin embargo, esa mejora convive con el crecimiento detectado en otras áreas de la demarcación hidrográfica del Segura. La parte del acuífero situada en Albacete concentra casi el 75 % de todos los cultivos regados con agua extraída con claros indicios de ilegalidad dentro de esta demarcación, con más de 11.500 hectáreas. Sumando las superficies de Albacete, Alicante y Almería, el total asciende a 15.230 hectáreas.
En la comarca de Baza, la investigación estima que más de 4.000 hectáreas se riegan con agua cuya extracción presenta indicios claros de ilegalidad, lo que representaría cerca del 62 % de toda la superficie regada de la zona.
Por último, el acuífero de Los Arenales, que se extiende entre Segovia, Valladolid y Ávila, continúa figurando entre los principales puntos críticos, aunque con una ligera reducción de la superficie afectada: de 17.000 hectáreas registradas en 2019 a 16.481 en 2023.
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