España, un país con un regadío bastante perjudicial

La superficie de regadío legal en España debería reducirse un 16,2 % por encontrarse en “zonas tensionadas” sobre acuíferos en mal estado cuantitativo del agua, acuíferos con un mal estado químico del agua o con elevados niveles de nitratos.

Esa es una de las conclusiones del informe ‘No hay agua para tanto regadío’, elaborado por Greenpeace y presentado en una rueda de prensa en Madrid por Eva Saldaña y Julio Barea, directora ejecutiva y responsable de Agua de esa organización, respectivamente, así como por Joan Corominas, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Mesa Social del Agua de Andalucía, y Reyes Tirado, hortelana y científica de la Universidad de Exeter (Reino Unido).

Saldaña apuntó que, según los científicos, el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en el área mediterránea, cuando el 75 % del territorio español está en riesgo de desertificarse a finales de siglo.

Además, las reservas de agua superficiales han caído 10 puntos porcentuales en poco más de una década den España y un 44 % de las aguas subterráneas se encuentran en mal estado, cuando casi el 80 % del consumo hídrico se destina a esta actividad.

El regadío legal, un enemigo para el territorio español

El informe indica, según datos oficiales de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que España cuenta actualmente con al menos cuatro millones de hectáreas para regadío legal, lo que supone un 23 % del suelo agrícola y un 8 % del territorio nacional.

Además, la superficie regable legalmente ha aumentado un 16 % desde 2004 hasta 2001 y algunos de los últimos planes hidrológicos prevén un incremento para regadíos, concretamente en el Ebro, el Duero, el Guadiana, el Segura y el Tinto y el Piedras. “El mundo al revés”, denunció Barea, al tiempo que Saldaña sentenció: “Hay una burbuja del regadío”.

Por ello, Greenpeace reclama “recortar” la superficie destinada a esta actividad en lugares donde la industria agropecuaria ha sometido al territorio a tal presión que hace injustificable el mantenimiento de algunos regadíos.

Así, esos recortes afectan a:

• Un 32,9 % del regadío por estar en zonas sobre acuíferos con un mal estado cuantitativo del agua.
• Un 45,5 % por encontrarse sobre acuíferos con un mal estado químico del agua.
• Un 56,7 % en áreas con elevados niveles de nitratos.
• Un 15,8 % en territorio donde ya se ha manifestado el cambio climático.

Greenpeace califica como zonas tensionadas las que reúnen los tres primeros de esos cuatro parámetros, lo que aglutina un 16,2 % de los regadíos legales en España, que son los lugares preferentes de reducción.

Por comunidades autónomas, la peor situación se da en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, que cuentan con alrededor de una tercera parte de los regadíos en zonas tensionadas.

Si se añade el criterio del cambio climático, un 3,7 % de los regadíos legales en España se hallan en áreas críticas, con el Guadiana como principal cuenca y Castilla-La Mancha como primera comunidad autónoma.

Además, un 13,8 % de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, algo crítico ya en áreas como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana.

Amoldar este sistema de cultivos a la disponibilidad hídrica

Por todo ello, Greenpeace solicita una hoja de ruta para acoplar el regadío a:

• La disponibilidad hídrica para garantizar el abastecimiento de las poblaciones, los caudales ecológicos y otros usos prioritarios.
• Una transición hidrológica justa con reparto equitativo de los recursos en cantidad y calidad suficiente, lo que implica tomar medidas drásticas para lograrlo y evitar futuros conflictos y enfrentamientos entre territorios y actividades.
• Una PAC (Política Agrícola Común) socialmente justa y ambientalmente resiliente.
• Que el Estado y las comunidades autónomas prohíban nuevos regadíos industriales en zonas tensionadas.
• Haya un registro público de hectáreas para esta actividad.
• Se potencien la agricultura ecológica.
• Grandes y medianas empresas deben paralizar inversiones que aumenten regadíos industriales, con impactos sobre la biodiversidad o los acuíferos, e informar públicamente sobre la compra de amplias zonas de regadío con efectos sobre un recurso escaso como el agua.