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Madrid, 14 ago (EFE).- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha instado hoy a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que declare las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y Rocina, en Doñana, como "acuífero sobreexplotado", para revertir su "mal estado actual".
Tras dos peticiones de información, el Defensor del Pueblo, ha podido concluir que las medidas para revertir el actual estado de dichos acuíferos "no pueden posponerse indefinidamente" en los planes hidrológicos de la CHG, cuando, según Fernández, "existen deterioros significativos de las aguas, y no se han adoptado las medidas necesarias para evitar daños irreversibles en el espacio natural de Doñana".
La denominación de "acuífero sobreexplotado" conllevaría un control más estricto de los plazos para cumplir las medidas necesarias para revertir el "mal estado" de estas aguas, que afectan al espacio natural protegido de Doñana, ha explicado la institución en una nota.
El Defensor ha pedido al organismo encargado de la administración y control del Dominio Público Hidráulico que garantice el uso sostenible de los acuíferos mediante un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine la planificación de los recursos hídricos, la actividad agrícola y la protección de los espacios naturales.
Esta petición se enmarca en la evaluación por parte de la institución para comprobar las actuaciones acometidas por la CHG con el fin de frenar el descenso de los niveles de aguas subterráneas en el antiguo acuífero Almonte-Marismas, como consecuencia de las extracciones para usos agrícolas.
Desde el Defensor del Pueblo, temen que la CHG no conozca con exactitud el número de pozos ilegales que existen en la actualidad, las sanciones que deben ser impuestas, o si se han cumplido o no las medidas adoptadas para asegurarse de que no se producen aprovechamientos sin título habilitante.
Alcanzada la mitad del ciclo de planificación del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, la CHG tampoco ha suministrado información actualizada que permita conocer el grado de ejecución de las medidas previstas en dicho plan, ni ha especificado los plazos para su cumplimiento ni los resultados obtenidos.
El mal estado de las aguas había sido advertido en los informes elaborados por la Delegación Institucional de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aportado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y por la propia CHG.
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