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La Confederación Autismo España alertó este lunes sobre las notables diferencias que siguen existiendo en España en ámbitos clave como el diagnóstico, la educación y el acceso a apoyos públicos para las personas con trastorno del espectro autista(TEA). La advertencia se produjo durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, donde expertos, representantes institucionales y entidades del tercer sector analizaron el estado actual de las políticas públicas dirigidas a este colectivo.
El encuentro sirvió como espacio de reflexión y también de denuncia. A pesar de los avances registrados en los últimos años, los participantes coincidieron en señalar que todavía persisten importantes desequilibrios territoriales y estructurales que condicionan la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.
Diferencias territoriales y barreras en la atención temprana
Uno de los puntos centrales del debate fue la mesa territorial, en la que representantes autonómicos pusieron de manifiesto las carencias del sistema. Entre ellas, destacó la intervención de Rosa Díaz Bonilla, representante de Canarias en el comité territorial de la confederación. Díaz Bonilla denunció que el retraso en el diagnóstico continúa siendo un problema significativo, así como el acceso desigual a los servicios de atención temprana.
Según explicó, esta situación obliga a muchas familias a recurrir a servicios privados para garantizar la intervención necesaria en los primeros años de vida. Esto, a su vez, genera una brecha importante basada en la capacidad económica de cada hogar, incrementando las desigualdades sociales.
Además, subrayó la necesidad de reforzar el sistema educativo. En su opinión, es imprescindible que el profesorado reciba formación obligatoria en autismo y que se incorporen apoyos específicos dentro de las aulas para atender adecuadamente al alumnado con TEA.
La problemática no se limita a la infancia. Carmen Calvo Méndez, presidenta de la Federación Autismo Castilla y León, centró su intervención en la etapa adulta, donde las dificultades persisten e incluso se agravan. Según los datos expuestos, únicamente el 38 % de las personas con TEA tienen reconocido su grado de dependencia.
Calvo Méndez advirtió que factores como las largas listas de espera, la complejidad de los trámites administrativos y los costes económicos asociados dificultan el acceso a recursos esenciales. Todo ello repercute directamente en la autonomía personal, limitando las oportunidades de desarrollo independiente.
El papel clave del tercer sector
Por su parte, José Antonio Maleno, presidente de la Federación Autismo Madrid, puso en valor el papel fundamental del tercer sector en la atención a las personas con TEA. En España, la mayoría de los centros especializados están gestionados por estas organizaciones, lo que evidencia su relevancia dentro del sistema.
Maleno defendió que invertir en estas entidades no debe considerarse un gasto, sino una apuesta estratégica por el bienestar del colectivo. Sin embargo, también denunció problemas recurrentes como los retrasos en los pagos y la falta de una financiación estable, aspectos que comprometen la sostenibilidad de los servicios.
Datos que reflejan la realidad del autismo en España
Durante la jornada se presentaron cifras que ayudan a dimensionar la situación actual. En España, la edad media de diagnóstico del TEA se sitúa entre los cinco y siete años, a pesar de que la evidencia científica permite detectar señales desde los 18 meses de edad.
Asimismo, se puso de relieve la falta de apoyos adecuados en el entorno escolar y el impacto negativo del acoso en el desarrollo de los menores con TEA. En la edad adulta, la inclusión sigue siendo limitada: cerca del 90 % de las personas con TEA viven con sus familias y solo una de cada diez accede a un empleo.
Estos datos reflejan una realidad en la que la falta de oportunidades condiciona seriamente la autonomía y la participación social de este colectivo.
En la mesa institucional, diferentes representantes políticos abordaron los avances y los desafíos pendientes. Mercedes Molina Montes, vicepresidenta de Autismo España, insistió en la necesidad de seguir generando oportunidades y avanzar en el reconocimiento de derechos.
Desde el Gobierno, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, defendió la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia como un marco esencial para garantizar apoyos personalizados y mejorar la accesibilidad.
También intervino Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), quien destacó que el TEA es una realidad cada vez más visible que requiere respuestas adaptadas a la diversidad de cada persona.
Por su parte, Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, reconoció que, pese a los avances logrados, las administraciones públicas aún tienen un amplio margen de mejora.
Finalmente, Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, apostó por trasladar los progresos alcanzados en España a otros países, contribuyendo así a una mejora global en materia de discapacidad.
Una hoja de ruta aún por completar
La jornada concluyó con un diagnóstico claro: aunque se han dado pasos importantes, persisten retos estructurales que requieren una respuesta coordinada. Entre las prioridades señaladas figuran la necesidad de una mayor coordinación institucional, una financiación estable y el diseño de políticas públicas centradas en las necesidades reales de las personas con autismo y sus familias.
El mensaje fue unánime: avanzar hacia una sociedad más inclusiva no solo implica reconocer derechos, sino garantizar que estos se traduzcan en apoyos efectivos y accesibles en todas las etapas de la vida.
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